La representación legal de los estudiantes acusados de irrumpir en una reunión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) cuestionará en el juicio en su fondo la validez de la orden de allanamiento que el Departamento de Justicia (DJ) solicitó contra la red social Facebook para obtener información de tres medios de comunicación que transmitieron o publicaron el incidente.
La orden judicial —que obtuvo mensajes y datos personales compartidos entre los usuarios y las tres páginas electrónicas— surgió luego de que el pasado 27 de abril de 2017, un grupo de estudiantes se manifestó en contra del plan fiscal, que, en aquel momento, proyectaba un recorte presupuestario a la UPR de $241 millones. Diálogo, Pulso Estudiantil y Centro de Comunicación Estudiantil, transmitieron en vivo el momento cuando los estudiantes accedieron a la reunión.
“Vamos a plantear la ilegalidad de esa orden”, sostuvo la abogada María Soledad Sáez, quien representa a Alexa Paola Figueroa, una de las acusadas junto a Juan Carlos Collazo, Francisco Santiago, Verónica Figueroa Huertas, Randiel Negrón Torres, Thaliangelly Torres González y Gabriel Díaz Rivera quienes enfrentarán juicio el próximo 12 de noviembre. El 6 de noviembre se celebrará una vista evidenciaria.
La abogada también cuestionó las expresiones de la gobernadora Wanda Vázquez, quien el miércoles negó que la orden se tratara de una violación al derecho a la libertad de prensa y que el juez le dio la razón al autorizar la orden. Erradamente, la gobernadora dijo, además, que el juez escuchó planteamientos de la defensa. La orden de allanamiento fue solicitada, precisamente, durante la incumbencia de Vázquez como titular de Justicia. Sáez declaró que la defensa nunca tuvo la oportunidad de cuestionar la orden de allanamiento y que se trata de una orden ilegal. Incluso, se enteró de que no hubo ni siquiera una vista para aquilatar el pedido, sino que la fiscalía hizo la solicitud en el despacho del juez.
“Uno no puede allanar livianamente, y mucho menos a un medio de prensa y sin notificarle”, añadió la letrada. A su vez, consideró que la orden resulta peligrosa, ya que no especificó la comisión de un delito y tampoco señaló sospechosos.
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“Tiene que haber unos parámetros. La acción del Estado no puede ser irrestricta… Hay que ver qué sociedad nosotros queremos. ¿Vamos a permitir que el Estado se inmiscuya en nuestra vida privada?”, cuestionó. La abogada también indicó que, a pesar de que existe una noción de que lo publicado en las redes sociales implica renunciar a la privacidad, la Constitución de Puerto Rico protege de manera más amplia el derecho a la intimidad en comparación con la federal.
“Mucha gente se ampara en que si pones algo en una red social, renuncias a tus derechos. Pero la Constitución sigue vigente, hay derechos todavía… Eso no quiere decir que renuncian a sus derechos”, señaló. El miércoles el DJ se negó a ofrecer declaraciones sobre el caso que se ventila en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.