La Junta de Control Fiscal (JCF) contestó la carta que fue enviada por el senador Bernie Sanders, la representante Alexandria Ocasio-Cortez y otros doce legisladores, en la que le pedían al ente creado por la Ley Promesa que cesara las medidas de austeridad sobre Puerto Rico.
“Si la isla realmente se va a recuperar, debemos poner fin al brutal programa de austeridad que se impone a las familias trabajadoras de Puerto Rico y poner algo de austeridad por una vez en esta junta antidemocrática y los fondos buitres de Wall Street aprovechando la miseria de Puerto Rico”, expuso Sanders en la misiva.
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En la contestación de la Junta, esta asegura que los superávits que se proyectan no serán utilizados para el servicio de la deuda. Asimismo, detallaron que el plan fiscal “certificado el 9 de mayo de 2019, proyecta un superávit acumulativo de $ 13.7 mil millones de 2019-2024 y $ 19.7 mil millones de 2019-2049. Como hemos explicado anteriormente, el Plan Fiscal no compromete el excedente al servicio de la deuda ni a ningún otro gasto”.
De igual forma, manifestaron que, “más bien, el Plan Fiscal simplemente proyecta el superávit primario esperado neto de medidas fiscales y reformas estructurales durante un período de tiempo”.
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La Junta comentó también que el plan de ajuste recién presentado en el Tribunal Federal, “sin embargo, compromete el excedente primario esperado del Plan Fiscal para ciertos usos”. La JCF mencionó que el plan de ajuste establece por los próximos ocho años que el Gobierno depositará el saldo del excedente primario proyectado neto del servicio de la deuda y $200 millones en un fideicomiso de reserva de pensiones cuyo uso se limitará al pago de pensiones en los años que el Gobierno no pueda hacerlo.
Además, la Junta refirió a los congresistas a los documentos que han hecho públicos, sobre el presupuesto, el plan fiscal y el plan de ajuste de deuda. “Finalmente, su carta indica incorrectamente que el presupuesto de la Junta de Supervisión asciende a $300 millones al año. De hecho, el presupuesto de la Junta de Supervisión fue de $31 millones en el año fiscal 2017, $60 millones en el año fiscal 2018 y $65 millones en el año fiscal 2019, y es de $58 millones este año fiscal”, sentenciaron.
La JCF indicó que los $300 millones han sido gastados en pagos de honorarios de abogados en los casos de Título III.
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