La magistrada federal Silvia Carreño Coll autorizó una denuncia penal que acusó a Edgardo Sánchez Sosa, Guelvin Benítez Carrasquillo y Gellitza Ortiz Martínez por tráfico de drogas, demora en el correo y manipulación de evidencia, según lo anunció el martes, el fiscal federal W. Stephen Muldrow.
Según se expresó en un comunicado, de acuerdo con la información contenida en la declaración jurada presentada en apoyo de la denuncia penal, el 24 de septiembre de 2019, la USIG OIG comenzó a recibir denuncias del USPIS de que los paquetes llegaban a Canóvanas, la oficina de correos con las etiquetas rotas o intercambiadas y los códigos de barras rasgado.
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Supuestamente, las parcelas tenían una nueva etiqueta con una nueva dirección. El 26 de septiembre, los agentes de la OIG de USPS ejecutaron múltiples órdenes de allanamiento en parcelas que fueron manipuladas y reetiquetadas, y todas las órdenes de allanamiento dieron positivo por la presencia de cocaína.
La investigación también reveló que el 1 de octubre de 2019, el empleado Sánchez-Sosa supuestamente manejó mal los paquetes y usó su teléfono durante el proceso para tomar fotos de los paquetes. Los agentes observaron que Sánchez-Sosa abrió el paquete y lo manipuló. Al mismo tiempo, estaba enviando mensajes de texto a su teléfono, haciendo y recibiendo llamadas telefónicas. Sánchez-Sosa fue detenido y el paquete fue recuperado por los agentes.
El acusado Guelvin Benítez-Carrasquillo era el transportista contratado de la carretera para la ruta 4 en Canóvanas. Benítez-Carrasquillo recibiría los paquetes que contienen cocaína de Sánchez-Sosa. Fue arrestado el 3 de octubre.
Para promover la investigación, los agentes descubrieron y confiscaron 24 paquetes de cocaína que los acusados de Gellitza Ortiz-Martínez y Sánchez-Sosa. Los paquetes recuperados tenían un peso combinado de 25.91 kg para un valor estimado de más de 500,000 dólares.
El caso está siendo procesado por el Servicio Postal de los Estados Unidos, la fiscal asistente especial de los Estados Unidos Camille García.
Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentar una pena mínima de 10 años hasta cadena perpetua.
