El presidente ecuatoriano Lenín Moreno decretó el martes un toque de queda en algunos sitios estratégicos para el gobierno horas después de que miles de manifestantes indígenas irrumpieran en el edificio de la Asamblea al recrudecerse las protestas en Quito y otras zonas de la nación andina en rechazo al alza de los precios de los combustibles
El toque de queda aplicará en los alrededores de instalaciones clave y de edificios de funciones del Estado entre las ocho de la noche y las cinco de la mañana mientras dure el estado de excepción, que se utiliza para restringir derechos ciudadanos y facultar al Estado a efectuar requisiciones si lo considera necesario y en esta caso fue decretado por 30 días.
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El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, aclaró que de esa manera se busca proteger también puertos, aeropuertos, refinerías, puntos de abastecimiento de agua, energía, antenas de telecomunicaciones, entre otros.
En la tarde, indígenas furiosos ingresaron a la Asamblea –donde no había funcionarios–, pero fueron desalojados por policías y militares con gas pimienta.
El presidente de la Asamblea, César Litardo, rechazó de manera tajante esa acción y “cualquier intento de utilizar el legítimo derecho ciudadano a reclamar por una acción que no está de acuerdo con el gobierno, pero fuera del vandalismo”.
La ministra del Interior, María Paula Romo, invitó a “superar posiciones de intransigencia para encontrar una salida a este enfrentamiento… respecto de las medidas económicas” y dijo que en la mayor parte de la región andina hay bloqueos de vías.
El contralor general, Pablo Celi, apareció horas antes con el presidente Moreno y los titulares de las principales instituciones del Estado y dio su explícito respaldo al mandatario en una cadena nacional.
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El país sudamericano de 17 millones de habitantes está en un punto muerto y de riesgo, paralizado por la falta de transporte público y carreteras bloqueadas que afectaban a una economía ya vulnerable.
La violencia estalló la semana pasada cuando Moreno eliminó subsidios a los precios del combustible y ha persistido causando, entre otras cosas, que varios pozos petroleros dejen de producir cerca de un tercio de la producción nacional de crudo, 560.000 barriles diarios.
Las autoridades confirmaron 19 heridos de diversa magnitud y 676 detenidos por obstaculizar el tránsito, suspender servicios públicos y agredir a la policía. En la capital los supermercados lucían con estantes vacíos o con pocos alimentos.
En medio de las protestas, Moreno trasladó la sede de gobierno a la ciudad portuaria de Guayaquil, donde ratificó que mantendrá el aumento del precio de los combustibles, rechazó los saqueos y ataques a propiedad privada, entidades estatales y fincas agrícolas protagonizadas por indígenas y manifestantes, aunque al mismo tiempo reiteró su invitación al diálogo a los dirigentes de las protestas.
Ante ello, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Jaime Vargas, afirmó que no habrá diálogo mientras no se deroguen las medidas económicas y denunció la supuesta infiltración de personas en las protestas para “desacreditar” la lucha del movimiento indígena.
En Quito, las calles se volvieron un caos, con manifestantes quemando neumáticos y enfrentándose a los agentes antidisturbios que intentaban repeler a los manifestantes con gases lacrimógenos.
La analista Grace Jaramillo, de la universidad British Columbia, en Vancouver, dijo a The Associated Press que el gobierno de Moreno “tenía la obligación, y no lo hizo, de generar consensos o al menos acuerdos mínimos con los sectores más vulnerables y las organizaciones que iban a ser afectadas por las medidas; el gobierno tiene toda la responsabilidad”.
De acuerdo con la experta, el traslado de la sede de gobierno es “una medida desesperada por salvar la presidencia de un posible golpe de Estado, ese es el miedo mayor, pero eso también explica la incapacidad del gobierno por resguardar el orden, para acercar posiciones y para detener el caos”.
Moreno acusó en la víspera al expresidente Rafael Correa (2007-2017) y al mandatario venezolano Nicolás Maduro de gestar un intento de golpe de Estado.
Este último, desde Caracas respondió y dijo que las acusaciones de golpismo endilgadas por su homólogo están “fuera de la realidad” porque al parecer cree que “yo muevo mi bigote y tumbo gobiernos”, se mofó.
Desde Bélgica donde vive desde hace dos años, Correa respondió que “aquí no hay golpismo. Los conflictos en democracia se resuelven en las urnas y es precisamente lo que pedimos… adelantar elecciones”.
Correa tiene una orden de captura en Ecuador por presunto delito de corrupción, acusado por la Fiscalía.
El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, señaló que “el momento en que haya las condiciones necesarias… el presidente volverá a Quito”, y explicó que “no queremos derramamiento de sangre … no queremos vandalismo innecesario, si el movimiento indígena ha decidido estar en Quito, que lo haga en forma pacífica”.
El lunes cientos de personas saquearon establecimientos comerciales de diverso tipo, desde farmacias hasta sitios de venta de electrodomésticos, en la población de Durán, y en Guayaquil, en medio de la ausencia de la fuerza pública.
El canciller José Valencia, en una reunión con corresponsales, informó que los representantes en Ecuador de las Naciones Unidas comunicaron su disposición “para propiciar un diálogo que permita encontrar acuerdos”.
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El gobierno decretó la semana pasada un estado de excepción nacional la semana pasada, lo que restringe derechos ciudadanos. Ese mecanismo se usa con cierta frecuencia en el país incluso como a mediados de año para hacer frente a problemas en las cárceles.
Las actividades escolares de escuelas, colegios y universidades están suspendidas en todo el país.
Los hechos traen a la memoria de los ecuatorianos las violentas protestas sociales de 2005, que llevaron al entonces presidente Lucio Gutiérrez a dejar el poder en medio de críticas a su gestión.
