La Corte Suprema de Colombia vinculó formalmente al expresidente Álvaro Uribe a un proceso para investigar su presunta responsabilidad en delitos de fraude procesal y soborno.
La más alta instancia judicial colombiana informó en su cuenta de Twitter la decisión horas después de que concluyera una indagatoria en la que el poderoso exmandatario fue interrogado por un caso de manipulación de testigos que pudiera mancillar el legado del líder.
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El caso ha dividido a la nación sudamericana y desatado manifestaciones en favor y en contra del expresidente. Las realizadas el martes se llevaron a cabo de manera pacífica, sin afectar a comercios o dejar heridos.
La causa se deriva de las acusaciones hechas hace varios años por el senador Iván Cepeda, quien dijo que Uribe era el fundador de un bloque paramilitar en su provincia durante la guerra civil de décadas entre fuerzas del gobierno, guerrillas izquierdistas y paramilitares de derecha.
La Corte Suprema informó tras ocho horas de audiencia que había terminado la indagatoria.
Analistas políticos lo consideran una importante prueba para el sistema judicial de Colombia, que durante su historia ha pasado problemas para castigar a prominentes líderes políticos y militares.
“Es crucial que el sistema judicial de Colombia maneje el asunto con un rigor profesional y desapasionado para que esto no se convierta en un circo”, dijo Adam Isacson, experto en Colombia para el centro de estudios Washington Office on Latin America.
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Quizás ningún líder político en la historia reciente de Colombia ha ejercido tanta influencia como Uribe, quien aún cuenta con una numerosa legión de seguidores. Lideró exitosamente la campaña para rechazar un referéndum sobre el proceso de paz con la guerrilla en 2016. El año pasado, su apoyo fue crucial para la victoria en las elecciones presidenciales de Iván Duque, hasta entonces un senador poco conocido.
Pero las acusaciones de lazos con los cárteles de drogas y paramilitares han seguido a Uribe desde la década de 1980, cuando se acusó a la agencia de aviación civil que él dirigía de darles licencias de piloto a narcotraficantes. Cables desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos de una década después muestran que se les dijo a funcionarios estadounidenses que el político en ascenso tenía vínculos con narcotraficantes.
“Nunca pensé que la defensa del honor y mi amor a Colombia, de frente y con respeto a los ciudadanos, de acuerdo con la Constitución, me creara estas dificultades judiciales”, dijo Uribe el lunes, quien ha negado reiteradamente las acusaciones.
Su comparecencia en la Corte se deriva de acusaciones hechas por Cepeda en el 2014 durante un debate en el Congreso sobre los presuntos lazos paramilitares de Uribe. Cepeda dijo entonces que tenía testimonios de dos excombatientes que confirmaban esa asociación.
Horas después, Duque señaló en dialogo con periodistas en el occidente de Bogotá que ha tenido la oportunidad de conocer al expresidente Uribe a lo largo de su vida política y que ha sido una persona que ha entregado su vida a servirle a Colombia, “que ha trabajado como pocas personas al servicio de su país, todos los días de su vida. Si ustedes me preguntan, yo resumo a Álvaro Uribe en una palabra: honorabilidad”.
La causa se basa en gran parte en declaraciones del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien dice que Uribe ayudó a formar una rama de las Autodefensas Unidas Colombia (AUC).
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Monsalve dice que un abogado de Uribe, Diego Cadena, lo presionó para que retractara ese testimonio. Otro exparamilitar ha dicho también que Cadena le pagó para declarar en favor del expresidente.
Los colombianos o son devotos de Urbe porque elogian su enfoque firme para derrotar a las guerrillas cuando era presidente, o son escépticos que han querido desde hace mucho verle ante los tribunales.
“Si lo condenan o lo absuelven, de todos modos la mitad de los colombianos quedarán indignados”, dijo recientemente la revista Semana.
Acólitos de Uribe como la senadora Paloma Valencia se quejan de que el sistema de justicia esté permitiendo que excombatientes acusados de numerosas violaciones graves a los derechos humanos quede impunes mientras que interrogan al popular expresidente.
“Sorprende que quien esté sentado en un llamamiento a juicio sea el líder que ha representado a la mayoría de los colombianos durante los últimos años”, le dijo al diario El Tiempo.
Pero cuando Uribe llegaba a la corte el martes, rodeado por seis guardaespaldas, centenares de personas afuera del edificio coreaban lemas contra él.
“Dejen que la corte imparta justicia”, dijo Marta Delgado, un ama de casa de 57 años que llevaba un cartel que decía: “Yo apoyo a la Corte Suprema de Justicia”.
