La Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros, presidida por la representante Yashira Lebrón Rodríguez, consideró el martes, el Proyecto de la Cámara 2245, para impedir la venta de cigarrillos electrónicos con sabores, así como otorgarle al Departamento de Asuntos del Consumidor la facultad de reglamentar, establecer multas y autorizar la confiscación de productos que estén en contravención de esta Ley.
La medida, de la autoría del representante Pedro “Pellé” Santiago Guzmán señala que “mientras el consumo de cigarrillos de tabaco aparenta disminuir, el nuevo reto que enfrentan las autoridades lo son los cigarrillos electrónicos (vapeadores o “vapes”) de sabores”, que según el legislador atraen a los más jóvenes, por lo que es necesario buscar alternativas para proteger a los menores de edad.
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Mientras que la representante Lebrón Rodríguez indicó que “determinamos llevar a cabo esta vista pública tomando en cuenta las estadísticas en cuanto a los menores de edad que han experimentado con estos aparatos, atraídos por los sabores que se utilizan y la posible adicción en la que pueden caer. Es necesaria esta discusión para poder estudiar lo que está pasando en la Isla y ver de qué manera podemos llegar a un consenso”, en torno a las medidas para evitar que los jóvenes se vean afectados por el “vapeo”.
A los trabajos compareció la Administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Susan Roig, quien apoyó la intención de prohibir los cigarrillos electrónicos y sus contenidos. Esto, porque aunque al momento es “muy poca la información que se tiene acerca de qué elementos del “vapeo” es lo que han estado ocasionando daño a la salud e incluso, la muerte. Lo que sí sabemos, es que son miles las personas que se están viendo afectadas día a día y que se correlacionan sus condiciones de salud con la utilización de estos aparatos”.
Específicamente, citó los resultados preliminares de Consulta Juvenil X estudio que está en fase de análisis por la agencia y refleja de la prevalencia de cigarrillos electrónicos entre estudiantes de séptimo a duodécimo grado.
El documento estipula que aproximadamente 22.7 por ciento lo han utilizado alguna vez en la vida, representando así 43,546 menores de edad. La investigación añade que un 14.2 por ciento han vapeado con marihuana, lo que constituye unos 27,913 estudiantes menores de 18 años en Puerto Rico.
Por lo tanto, recomendó se enmiende la ley que actualmente prohíbe la venta de tabaco a menores de 18 años. De modo, que los agentes de rentas internas del Departamento de Hacienda puedan multar al comerciante que acceda a venderle productos de tabaco sin pedir identificación, aunque el joven no efectúe la compra final. Esto ya que en la actualidad la multa solo se expide si la venta se realiza.
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También, sugirió que se aumente a 21 años la edad para la venta de estos productos, que se coloquen avisos en los empaques de estos productos sobre sus efectos en la salud, así como el establecimiento de campañas educativas, que pueden ser subvencionadas con los fondos del Fideicomiso de los Niños. A preguntas de los Representantes, Roig fue partidaria de que la prohibición sea a la inclusión de sabores en estos cigarrillos electrónicos, que es lo más atractivo para los menores de 18 años.
Por su parte, Antonio Cases, director de la División de Prevención y Enfermedades Crónicas del Departamento de Salud (DS), al favorecer la pieza legislativa, concurrió en que la parte más llamativa para los jóvenes son precisamente los sabores del vapor aromatizado, que enmascaran los productos de nicotina alternativos.
“Estudios han encontrado que los niños y jóvenes que han usado cigarrillos electrónicos son cuatro veces más susceptibles a probar cigarrillos convencionales y tres veces más susceptibles a ser fumadores regulares en el plazo corto de dos años. Esta situación es una que no debe tomarse de manera liviana”, dijo Cases.
Mientras que la licenciada María Fernanda Vélez, asesora legal del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), quien especificó que como agencia “compartimos la preocupación expresada por esta Asamblea Legislativa en torno a la problemática de salud generada por productos que al momento, tienen muy pocas trabas para su venta y consumo”.
“Entendemos que más que una prohibición absoluta es menester enfatizar y lograr una mayor fiscalización de las leyes con las que ya contamos; esto es, el que no se puede vender cigarrillos electrónicos a menores de edad y que todo local que venda estos productos debe cumplir con unos requisitos básicos de divulgación e información”, expuso Vélez.
Esta asesora legal del DACO recomendó que de aprobarse este proyecto debe dejarse la fiscalización a agencias como ASSMCA, el Departamento de Hacienda y la Policía de Puerto Rico, que poseen mayor pericia en el tema.
A renglón seguido, el portavoz de la Asociación de Vapeadores Aliados por Puerto Rico, Ernix Yace Chinea, mostró reservas a esta iniciativa al señalar que el resultado “será devastador ya que crearía nuevos fumadores, empoderará al mercado negro y pone en riesgo el sustento de pequeños negocios y sus empleados”.
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El deponente calificó la información que ha circulado a través de los medios, sobre los peligros de esta actividad como “mensajes erróneos y falacias” al indicar que las muertes y complicaciones registradas en los Estados Unidos se debieron al consumo de cartuchos de TCH (derivado del cannabis) contaminados adquiridos en el mercado negro.
“En general, el público carece de información sobre los cigarrillos electrónicos, y mucho menos conoce sobre este nuevo mercado negro de drogas vaporizables. Los estudios más recientes han dejado claro que estas lesiones se originan de productos del bajo mundo que se hacen pasar por productos legítimos sea de dispensario o cigarrillo electrónico”, aseguró Chinea.
Al finalizar la vista pública, la representante Lebrón notificó que realizarán una vista ocular para estudiar en el campo la realidad de la venta de estos aparatos, que se pueden conseguir en gasolineras y colmados.
