Reclamo de inclusión en arreglo de viviendas

Unas 20 organizaciones reclamó al Departamento de Vivienda local y federal, así como a FEMA, que se establezca un proceso participativo en el proceso de reconstrucción de las comunidades

Por Sadot Santana

Un total de 20 organizaciones reclamó ayer al Departamento de Vivienda local y federal, así como a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) que se establezca un proceso participativo en el proceso de reconstrucción de las comunidades. A su vez, denunciaron que las agencias promuevan la relocalización y el desplazamiento de los residentes, en lugar de adoptar medidas de mitigación y reconstrucción.

“Los procesos de recuperación deberían incluir cada una de nuestras voces”, sostuvo Amárilis Pagán, directora ejecutiva del Proyecto Matria durante una conferencia de prensa en la comunidad Vietnam en Guaynabo. Según dijo, hasta ahora la recuperación se ha trabajado por las propias comunidades con fondos de entidades privadas y sin la ayuda gubernamental.

Carlos Vázquez, de la organización P.E.C.E.S., que atiende a la comunidad de Punta de Santiago en Humacao, señaló que el programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación de Viviendas (R3) no considera reparar viviendas en zonas como Punta Santiago por estar ubicadas en zonas inundables.

La abogada Ariadna Godreau, representante de Ayuda Legal, calificó dicho programa gubernamental como “muy oneroso” para los solicitantes que, además, discrimina contra las personas de escasos recursos al exigirles declaraciones juradas, que tienen un costo, y completar varios trámites electrónicos aunque no tengan internet, o en el caso de personas adultas, no entiendan cómo se hace.

La abogada dijo, no obstante, que han logrado avances con el Departamento de Vivienda local para incluir a las personas que no tienen título de propiedad.

Amaris Torres Rivera, abogada y representante de la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia, también mostró preocupación con el programa R3, pues ya ha recibido llamadas de ciudadanos a quienes les han denegado la ayuda y no se les notifica el proceso para apelar la decisión de la agencia. Incluso, la abogada resaltó que la mayoría de las personas que solicitan servicios a la fundación y que aún están bajo toldos azules son personas mayores de 60 años.

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