Desde 2013, el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental —agencias cuya responsabilidad es procesar los casos de corrupción, robo de fondos públicos o faltas ética— cada vez han sido menos diligentes con los referidos de la Oficina de la Contraloría de Puerto Rico (OCPR).
Según datos de la OCPR, el pasado año fiscal, cuando todavía Wanda Vázquez dirigía esa agencia, el Departamento de Justicia apenas dio por concluido el análisis de uno de los once referidos que recibió de esa agencia. La hoy gobernadora lo niega.
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El año previo, recordado por el paso devastador del huracán María por Puerto Rico, la OCPR le refirió a Justicia 13 informes. La agencia solo evaluó y dio por concluidos seis de ellos, lo que significa un pobre 44 %.
En el año 2016-2017, de 18 informes, Justicia procesó 12, para un 66 %.
Pero esta no fue siempre la tendencia. Antes de 2012-2013, la cantidad de informes de la Contraloría que Justicia investigaba o daba por terminados cada año no bajó del 90 %.
Estas cifras hablan de casos procesados o “concluidos” por Justicia. No necesariamente ello implica que la agencia fue contra aquellos implicados en los informes.
La OCPR no indicó cuántos de sus referidos llegaron a los tribunales y, de esos, cuántos resultaron en convicciones, porque no tenían la información,y Justicia tampoco se las había provisto al cierre de esta edición.
Aunque Metro intentó obtener la reacción de Justicia, al cierre de esta edición, el portavoz de prensa, Kelvin Carrasco, tampoco había contestado el pedido ni explicado la alarmante baja cifra de referidos evaluados en años recientes, según muestran los datos de OCPR, basados en la información que la agencia le somete.
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La exsecretaria y hoy gobernadora Wanda Vázquez dijo a Metro en declaraciones escritas: “…en el Departamento de Justicia está la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, que cuenta con fiscales especializados que trabajan los casos referidos de la Oficina del Contralor. La realidad es que todos los casos recibidos se atendieron”. Su compromiso fue suministrar hoy los números.
Además, insistió en lo mismo que ya había establecido la OCPR: que en los referidos no siempre se encuentra “conducta criminal” que amerite acción.
La historia no dista mucho de lo ocurrido en la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). A partir de 2012-2013 — el mismo año en que se registró un cambio abrupto en Justicia—, también hubo una merma radical en la cantidad de referidos evaluados en la OEG, según muestran los datos provistos.
Las cifras históricas apuntan a que desde 1997-1998, todos los casos referidos por OCPR a OEG, o el 100 %, se procesaron, y continuó así durante una década, hasta 2007-2008. A partir de entonces, la cifra fluctuó entre 90 % y 80 % .
Ya para 2012-2013, la OEG apenas procesó dos de los siete informes referidos por la OCPR, para un 28 %.
Paulatinamente, la tendencia empeoró al punto de que, en el año fiscal que concluyó en junio, la OEG no procesó ni uno solo de los cuatro referidos de la OCPR, ni uno solo.
El año antes, 2017-2018, de nueve referidos, la agencia solo dio por concluido uno. En 2016-2017, solo concluyeron cuatro de 12 referidos, para un 33 %.
En 2015-2016, la OEG procesó cuatro referidos de nueve, para un 44 %, y en 2014-2015, también se procesaron cuatro informes, pero de un total de siete.
El recién confirmado director de OEG, Luis Pérez Vargas, no estuvo disponible ayer para ofrecer su reacción.
“Frustrada”
Aunque la Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, reconoció que Justicia y OEG pueden hacer mucho más en torno a los referidos que hace su oficina, indicó que, desde 2012, son menos los casos que envía a ambas agencias debido a que había un 92 % de casos que quedaban cerrados sin ninguna consecuencia.
Dijo que fue el entonces secretario Guillermo Somoza quien estableció la política pública de que solo procesarían casos criminales y no los que se pudieran tramitar por la vía administrativa. Todos los secretarios posteriores acogieron esa misma política.
Valdivieso señaló que hay casos en los que Justicia decide no actuar en los tribunales; sin embargo, la agencia envía cartas pidiendo a la entidad señalada que acoja la recomendación de su oficina.
“Para mí eso es una estrella, porque es un apoyo al mensaje… Le da peso al trabajo que hacemos”, dijo Valdivieso.
No obstante, los remedios administrativos también son determinantes y se deben imponer, ya que, a su juicio, han sido negligencias y problemas de esa índole los que han llevado al país a la quiebra.
Aseguró que necesita más independencia para elegir cuándo auditar, de manera que pueda enfatizar más en aquellas agencias que dan más problemas y donde no se corrigen los señalamientos.
Valdivieso también lamentó las constantes reducciones en su presupuesto. De hecho, en 2015, el recorte fue de $3.8 millones, lo que provocó “un hueco bien grande”. “Son muchas las frustraciones”, aseveró. Ante esa realidad, hizo ajustes, como reducir el espacio de oficina que alquila, así como la cantidad de estacionamientos, lo que, a su vez, llevó a una reducción en el gasto de seguridad.
Relató que ha tenido también una merma de empleados, por lo que abrió una convocatoria para 115 puestos y flexibilizó la preparación requerida para llenar las vacantes para incluir expertos en finanzas o en economía.
Según Valdivieso, el conocimiento que tiene su oficina del funcionamiento del gobierno es mucho mayor del que podría tener cualquier secretario de Estado o de la Gobernación. “Aquí sabemos dónde están los errores y las fallas…, pero nadie quiere preguntarme”.
Dijo que la OEG no tiene suficientes abogados, y algunos fiscales se asustan cuando están próximos a que se les renueve su nombramiento. No obstante, indicó que se reunió recientemente con la secretaria interina de Justicia, Dennise Longo, y pudo exponerle algunas de sus frustraciones. Quedaron en reunirse nuevamente y lo mismo ocurrió, dijo, con el nuevo director de la OEG.
