Servicios Legales suspende paro mientras continúan negociaciones por convenio

El proceso de negociación entre la unión y la administración se extendió hasta el 31 de diciembre

Por Cybernews

La corporación sin fines de lucro Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR) informó el domingo que tanto la Unión de Abogados de Servicios Legales (UASL) como la Unión Independiente de Trabajadores de Servicios  Legales (UITSL)aceptaron la propuesta de la entidad que buscaba suspender el paro indefinido.

En ese sentido, SLPR se comprometió a extender el periodo de negociación del convenio colectivo hasta el 31 de diciembre y a cargar a licencia por vacaciones con balances disponibles aquellos días que los empleados no se presentaron a sus puestos durante el conflicto huelgario.

“Hicimos esta propuesta de buena fe para continuar el proceso de diálogo y para evitar que se afectara el servicio que se le brinda a la comunidad de escasos recursos en el País. Más de 6,000 ciudadanos tienen casos en proceso. Hemos propuesto que las condiciones establecidas en los convenios colectivos que expiraron sean honradas prospectivamente y mientras las partes sigan negociando o hasta el 31 de diciembre, fecha en que expiraría la extensión de los convenios. A cambio de ello, se prohíbe la participación individual o colectiva en cualquier evento que conlleve la paralización de los trabajos”, expresó mediante comunicado de prensa la directora ejecutiva, licenciada Hadassa Santini Colberg.

Muchos empleados vieron afectada su compensación durante la quincena que culminó el jueves 26 de septiembre.

“Según propusimos, la Corporación de Servicios Legales emitirá una nómina especial la próxima semana para que el personal pueda recibir su paga acorde a lo estipulado. Esto se hace como excepción, ya que una tercera parte de nuestros ingresos son fondos federales con muchas restricciones para su uso, por lo que no podemos emitir pagos por trabajo no realizado”, amplió Santini Colberg.

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El programa, además, pedió tres de sus cuatro patrocinadores.

La directora ejecutiva aclaró que dos terceras partes de los fondos asignados a la Corporación provienen de la organización sin fines de lucro Legal Services Corp en Estados Unidos, la cual está sujeta a fondos discrecionales del Congreso de Estados Unidos. El resto de sus ingresos proviene de una asignación legislativa que ya ha sufrido recortes por parte de la Junta de Control Fiscal.

“Los recortes a nivel local y federal actuales y prospectivos son una realidad que debemos tomar en consideración a lo largo del proceso de negociación. Por otra parte, es importante tomar en consideración la necesidad apremiante de reclutar talento nuevo para atender el incremento en casos Post María y realizar la conversión tecnológica que la Corporación necesita urgentemente para cumplir con los requisitos de la administración de Tribunales. Es fundamental que todas las partes involucradas se sienten a negociar de buena fe con el fin de preservar la organización de cara al futuro. Si no tomamos las medidas ahora, la corporación podría dejar sin servicios a miles de ciudadanos e inclusive, desaparecer en el futuro”, sentenció Santini Colberg.

La entidad Legal Services Corp en Estados Unidos, principal donante de SLPR, ha sido objeto de amenazas de recortes por parte de la administración republicana.

"Nos mantenemos en la identificación de fuentes de ingresos adicionales provenientes de otras fundaciones y entidades. Este tipo de conflictos obrero patronales no contribuyen a atraer nuevos donantes que permitan fortalecer nuestras fuentes de ingreso", afirmó la directora ejecutiva.

"Resulta prioritario mantener un balance entre los beneficios de nuestros empleados y la calidad en la prestación de los servicios a nuestros clientes, cuyas necesidades han aumentado dramáticamente en los pasados años por lo que urge mayores eficiencias", reiteró.

La Corporación de Servicios Legales llegό a tener 32 oficinas y más de 550 empleados hace 40 años.  En la actualidad solo cuenta con 15 oficinas alrededor de la Isla y unos 189 empleados. Los gastos de nόmina y beneficios marginales constituyen el 68 por ciento del presupuesto de esta corporación sin fines de lucro creada en 1966, cuya misión es proveer asesoramiento, representación y educación legal gratuita en casos civiles a personas y grupos de escasos recursos económicos en Puerto Rico.

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