El calentamiento global no es un chiste y la erosión costera no es un asunto que, necesariamente, se pueda resolver en Puerto Rico con unas cuantas piedras en la playa o con un muro de concreto que, por arte de magia, resista para siempre el impacto de las olas. Ahí está la historia.
En el sector Fortuna Playa, en Luquillo, el mar ha puesto en jaque a 29 familias y 25 estructuras. La administración municipal traza estrategias para evitar el desalojo forzado de la gente, pero todo apunta a que en el próximo lustro vivir allí, en lo que en su momento fue un paraíso, resultará imposible.
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Así lo afirmó el planificador del municipio, Jardany Díaz Salgado.
“Hemos visto cómo ya residentes de manera voluntaria han aceptado dejar su residencia y comenzar un proceso de transición, estableciendo su vida en un lugar más seguro”, dijo. “Ha habido cambios en la aerodinámica del lugar, el cambio climático y los efectos en el mar que están ocurriendo en Puerto Rico y alrededor del mundo han provocado un impacto mayor en nuestras costas, al punto que ya tuvimos que desalojar a una persona y otra residencia fue destruida”, explicó.
En los últimos 20 años las administraciones municipales de Luquillo se han enfrentado al fenómeno de la erosión costera continuamente. De manera inmediata, se han colocado piedras para disipar la alta energía de la marejada cuando se complica el panorama. Sin embargo, a la larga el problema se agrava y hay gente que corre peligro, pues durante décadas no se respetó la zona marítimo terrestre.
“A través de los fondos de FEMA, de mitigación, especialmente los 404 en combinación con los 406, me brindan la oportunidad de reubicar estas familias en un lugar más seguro. A través de los fondos CDBG-DR que administran el Departamento de la Vivienda a nivel federal y estatal, se han identificado lugares donde se puedan construir estructuras cómodas para las personas. Pero ese proyecto tomará tiempo”, aseguró el también ayudante especial del alcalde Jesús “Jerry” Márquez.
Para Díaz Salgado, llegó el momento de comprender que las piedras son un remedio temporero, porque, al disiparse la energía, se afectan otros lugares que no sufren la erosión costera.
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“La otra medida es un proceso de recuperación de costa, a través de unos geotextiles o mallas que atraparían la arena en el área donde la queremos. A largo plazo, por medio de los estudios que ya están en marcha, tenemos que ver cuál es la situación con los arrecifes mar afuera y por qué la marejada está entrado con alta energía en lugares como este, donde antes no se experimentaba algo así. Se propuso también la colocación de buques en el área. Estos barcos tienen que pasar por un proceso de estudio y selección. Sería parte de un proceso de reconstrucción de arrecife, por lo que requieren una certificación que valide que esto será parte de un fortalecimiento del ecosistema marino”, indicó.
De acuerdo con Díaz Salgado, los estudios —liderados por la profesora en planificación de la Universidad de Puerto Rico, Maritza Barreto— deben reflejar qué es lo que se va a mitigar o a reconstruir con urgencia en esta zona, si la costa o los arrecifes.
Curiosamente, y a pesar de que hace años Luquillo mantiene una batalla constante con la erosión costera, los huracanes Irma y María no fueron el agravante más reciente de este fenómeno. Todo se complicó a partir del año pasado, con una “marejada seca” que consumió varios metros de playa.
“Con Irma y María no se agravó la costa ya afectada. Entre la última semana de febrero y la primera de marzo la marejada seca alteró significativamente nuestro problema, particularmente en la parte del parque de pelota y la mitad de la parte de los kioskos. Es importante decir que de las 12 millas de playa en Luquillo, no todas pasan por el proceso de erosión, pero que dentro del Corredor Ecológico del Noreste ya se está viendo erosión también”, manifestó, añadiendo que el fenómeno de la erosión costera es otro motivo para preservar la reserva natural y no sembrar cemento con fines hoteleros.
Importante los arrecifes
Por su parte, Ricardo Laureano, del Grupo VIDAS (Vegabajeños Impulsando Desarrollo Ambiental Sustentable), sostuvo que el ejemplo de Luquillo es otra razón más para luchar por el fortalecimiento de los arrecifes a nivel isla.
De acuerdo con el ambientalista, los arrecifes son la primera barrera frontal ante cualquier fenómeno atmosférico extremo. Asimismo, recordó que los parámetros de zonas marítimo terrestre existen en Puerto Rico desde el siglo XIX y que no se ha respetado la naturaleza ni las reglamentaciones.
“La ley de agua española de 1864 habla de regiones de salvamento que establecen unos parámetros de zonas marítimo terrestre. La ley de muelles y puertos española de 1868 también. Ya en el ordenamiento jurídico antiguo existían estas reglamentaciones. La gente sabía lo que había. Pero no hemos hecho caso. Nos queda buscar la forma de crear barreras naturales y los arrecifes son fundamentales”, dijo.
Laureano explicó que el rol del arrecife es de amortiguador de fuerza en casos como este.
“Tenemos que tener claro que lo que llamaban los fenómenos de cada diez años, es prácticamente simbólico ya. O sea, tuvimos una marejada de supuestos cien años en noviembre del 1991, otra en marzo del 2008 y otra en marzo del 2018. Estamos hablando de diez años de diferencia y 19 años en el otro”, puntualizó.
Fieles a su terreno
Entre los residentes de Fortuna Playa está Tom Ferguson, de 69 años, un veterano del surfing que, a pesar de que ha visto cómo el mar se ha comido la costa año tras año, sigue fiel a su Edén.
“He visto cómo se ha destruído todo, pero las piedras han ayudado a mantener esto. Así es la naturaleza. El día que tenga que irme, pues cogeré mi carro y me iré a la montaña. Pero yo todavía puedo nadar y tengo mi long board allí, para usarla cuando quiera”, aseguró.
El municipio informó que no hay una fecha establecida como meta para el desalojo de los residentes y confirmó que, seguramente, será un hecho antes de que se publiquen los resultados de los estudios.
Ayer, en vista pública, la profesora Barreto recomendó a la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, que se declare una moratoria de inmediato para que no se expidan permisos de construcción en la zona marítimo terrestre y así evitar que empeore el problema que afecta el 60 por ciento de las 1,225 playas en la Isla.