Los enredos de la “resiliencia” del Gobierno federal

La solicitud de fondos a FEMA para la reconstrucción de Puerto Rico tras el paso del huracán María se hizo bajo un procedimiento especial que resultó ser una trampa burocrática para la isla

Por Cristina del mar Quiles

El Gobierno de Puerto Rico aceptó una sugerencia enfática de funcionarios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la puso por escrito como si fuera decisión propia y celebró que la Sección 428 de la Ley federal Stafford se usaría para reconstruir toda la obra permanente de forma “resiliente”, lo cual en el lenguaje de FEMA significa hacer estructuras mejores que las afectadas.

Después de varias semanas de ver cómo ese proceso se convirtió en una trampa burocrática, Rosselló y sus oficiales comenzaron a buscar sin éxito enmendar su aplicación. Veintidós meses después de los anuncios celebratorios, el Gobierno cataloga la decisión como una imposición de FEMA que ha resultado en el mayor retraso del proceso de recuperación.

Cuando el gobierno de Ricardo Rosselló evaluaba en 2017 las posibilidades de tramitar la ayuda de recuperación de los huracanes Irma y María, FEMA sugirió a los funcionarios de la isla que eligieran implementar a gran escala los Procesos Alternativos de la Sección 428 de la Ley de Stafford de Recuperación de Desastres.
La sección 428 permite que FEMA pueda subvencionar a través de su Programa de Asistencia Pública la reconstrucción de obra permanente —como escuelas, hospitales, carreteras y otra infraestructura— de forma más “resiliente”. En algunos casos, puede reemplazar por completo una estructura que no merezca la pena ser reparada. El Programa de Asistencia Pública tradicional solo permite devolver las estructuras al estado en el que se encontraban antes del desastre, aunque estas ya estuvieran deterioradas o fueran inservibles.

De primera intención, la 428 pareció una gran ventaja para Puerto Rico. Estructuras que por años habían sido dejadas en el olvido, carentes de mantenimiento, quedarían como nuevas, listas para resistir un nuevo embate atmosférico.

Sin embargo, la elección que hizo el entonces gobernante Ricardo Rosselló a insistencia de FEMA ha conllevado limitaciones que, a dos años del huracán, representan el mayor obstáculo para la obligación del dinero y construcción de proyectos.

 

Origen de la 428

La Sección 428 de Procedimientos Alternativos es una enmienda que hizo a la Ley Stafford el presidente Barack Obama en 2013, luego del huracán Sandy en Nueva York, como parte de la Ley de Mejoramiento de la Recuperación.

Las metas de la Sección 428 se supone que sean reducir los costos para el Gobierno federal de proporcionar asistencia pública, dar mayor flexibilidad en la administración de esos fondos, acelerar la provisión de asistencia a un Gobierno estatal, territorial, o al propietario o entidad privada sin fines de lucro, y brindar incentivos financieros para la finalización oportuna y rentable de proyectos.

Y es que la posibilidad de reconstruir o reemplazar instalaciones, de manera que sean aún mejores, sin importar las condiciones en las que se encontraban antes del huracán, se considera un ahorro a largo plazo.

Los escollos de la 428

El 31 de julio, dos días antes de hacer efectiva su renuncia, Rosselló presentó el segundo informe de progreso al Congreso y adjudicó a FEMA la responsabilidad por la tardanza en el proceso.

“Bajo la Sección 428, FEMA ha tardado en aprobar los estimados para el trabajo, y el COR3 está preocupado porque el costo fijo estará fuera de alcance en el momento en que se ejecuten los proyectos, lo que resultará en costos innecesarios por los cuales Puerto Rico sería responsable”, mencionó.

Al tema del acuerdo en los costos fijos para el proyecto se suman otros escollos que también han sido denunciados por Marrero y Rosselló, y que son parte de los retos con los que tendrá que trabajar el nuevo director del COR3, Ottmar Chávez.

Chávez, con apenas un mes al frente de los esfuerzos de recuperación, reconoció que el acuerdo al que llegó el Gobierno de Puerto Rico para la implementación de la 428 en la isla ha atrasado los procesos de obligación de dinero y que es necesario flexibilizar las guías.

Cristina del mar Quiles / CPI Este reportaje se publica en Metro gracias a una alianza con el CPI. Accédalo en periodismoinvestigativo.com.

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