Pese a que consideran improbable que Puerto Rico enfrente una crisis en el financiamiento de su sistema de salud en el futuro inmediato, líderes de varios sectores que han estado cabildeando en pasadas semanas en la capital federal reconocen que la batalla para encontrar soluciones a largo plazo es cuesta arriba.
A dos semanas para que expire la asignación especial que autorizó al Gobierno federal a financiar por 21 meses el Plan de Salud del Gobierno (PSG) en su totalidad, el Congreso no ha ofrecido garantías de que Puerto Rico recibirá el dinero que necesita para evitar el precipicio fiscal que se proyecta para marzo de 2020.
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El presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá, quien la pasada semana estuvo cabildeando en Washington D. C., indicó que en el Senado, controlado por los republicanos, no existe ambiente para atender el proyecto que en julio se aprobó en un comité de la Cámara de Representantes, y que le otorgaría a Puerto Rico casi $12,000 millones en fondos de Medicaid por cuatro años a partir del próximo año fiscal federal, que comienza el 1.o de octubre.
“Es el proyecto que nos permite financiar el programa Vital. Cuando fuimos a Washington nos dimos cuenta que eso no iba a suceder porque nuestra petición estaba compitiendo con la resolución del Congreso para mantener el Gobierno funcionando”, dijo Plá en entrevista con Metro.
El Congreso trabaja para aprobar una resolución de gastos que financiaría el presupuesto federal hasta el 21 de noviembre, según el medio especializado The Hill.
El sábado, la gobernadora Wanda Vázquez envió una carta a los líderes congresionales de ambos partidos en la que insistió en la necesidad de que la resolución mantenga el actual de financiamiento a Medicaid, es decir, el 100 %.
“Para nosotros es crítico que la resolución no nos vire al tope, sino que mantenga el financiamiento al 100 % o, al menos, 83 %, que es lo que se está pidiendo en la asignación de cuatro años”, sostuvo por su parte el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos.
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Puerto Rico y otros territorios enfrentan un tope de $380 millones anuales en financiamiento federal para Medicaid, aunque asignaciones especiales a lo largo de los años han elevado esa cifra. En total, el PSG le cuesta al Gobierno puertorriqueño unos $2,800 millones anuales.
Ramos y Plá aceptaron que el escándalo de corrupción en la Administración de Seguros de Salud, por el que la exdirectora Ángela Ávila enfrenta cargos federales, es una marcha que provoca la exigencia de mayores controles a cualquier asignación de fondos para el plan de salud.
Los “congresistas tienen claro que, en Puerto Rico, viven un montón de personas que necesitan de un sistema de salud adecuado. El problema es que quieren que haya unas garantías de transparencia en el uso de fondos”, subrayó Ramos, quien se manifestó optimista de que el dinero se aprobará en la resolución a corto plazo.
