El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos (AP), Anthony Maceira, aseguró ayer que el Gobierno no tiene jurisdicción sobre el acuerdo entre las navieras Luis Ayala Colón y Puerto Rico Terminals. De esta manera respondió al colectivo Junte de Voluntades que se opone a la fusión de las empresas y solicitó intervención gubernamental.
“El acuerdo no lo aprueba ni tiene jurisdicción el Gobierno local. Esto es un acuerdo cooperativo que por el Shipping Act de 1984 entra en vigor automáticamente a los 45 días de su radicación en el Federal Maritime Comission, a menos que el FMC lo detenga”, dijo Maceira en entrevista con Metro.
PUBLICIDAD
Según el funcionario, para detener el acuerdo la Comisión Marítima Federal (FMC, por sus siglas en inglés) tenía como recurso someter un injuction ante el Tribunal de Distrito Federal de Washington D. C. en un periodo de 45 días, lo que no ocurrió.
Sin embargo, luego de que las navieras sometieran el acuerdo, la FMC hizo un pedido de información adicional (RFI, por sus siglas en inglés). En la evaluación se analizó si el acuerdo entre las navieras reduce la competencia, si reduce irrazonablemente los servicios de transportación o produce un aumento en los costos de transportación. Luego del análisis, la agencia federal determinó darle luz verde, pero en el futuro evaluará la implementación y requerirá informes periódicos para comprobar su efecto a largo plazo.
Asegura Puerto Rico Terminals no tendrá contratos con Puertos
De igual forma, Maceira expuso que la nueva entidad que crea el acuerdo no tendrá contratos con la AP, por lo que no implica erogación de fondos gubernamentales ni tampoco ingresos. “Puerto Nuevo Terminals, que es la entidad nueva que se crea, no contrata, no tiene contratos, ni se vislumbra contratar con la Autoridad de los Puertos. Eso es una entidad que se crea para manejar las relaciones internas de Luis Ayala Colón y Puerto Rico Terminals. La relación jurídica de los Puertos sigue inalterada con las entidades que tenían los contratos anteriormente”, puntualizó.
Además, Maceira lamentó que portavoces del Junte de Voluntades no le solicitaran una reunión antes. Según dijo, se ha reunido en múltiples ocasiones con ellos para trabajar distintos temas que atañen a los grupos, a la vez que aseguró no tener inconveniente en reunirse.
PUBLICIDAD
Colectivo exige reunión con la gobernadora
El grupo Junte de Voluntades aseguró que, bajo este nuevo acuerdo, conocido como el Agreement No. 201292, Puerto Nuevo Terminals manejaría aproximadamente el 80 % de la carga marítima que llega al puerto en contenedores, y 11 de las 14 grúas en el puerto de San Juan. Mientras, Crowley se quedaría con el restante 20 % y solo tres grúas. A ambas empresas, se les ha señalado a nivel judicial por ponerse de acuerdo para fijar precios y oferta en la carga marítima doméstica.
El licenciado Mark Anthony Bimbela, portavoz del colectivo Junte de Voluntades, aseguró que el acuerdo no había sido aprobado por la FMC, a la vez que pidió a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que interviniera.
“Esto no debe interpretarse como una aprobación, y resulta alarmante que lo que tanto le preocupa a la Comisión Marítima Federal, sea ignorado por el Gobierno de Puerto Rico”, indicó por su parte, Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA).
El grupo reúne a personas y organizaciones de la sociedad civil opuestas a la aplicación en Puerto Rico de las leyes de cabotaje de Estados Unidos.
Sin comentarios adicionales las navieras
Metro hizo gestiones para obtener una reacción de las navieras, pero estas se remitieron a sus expresiones del pasado 5 de septiembre. En esa fecha dijeron en una declaración conjunta que “de acuerdo con sus responsabilidades regulatorias y jurisdicción exclusiva sobre este asunto, la FMC supervisará esta empresa conjunta, que compartirá activos e inversiones planificadas que son esenciales para mantener un servicio confiable y competitivo para el comercio nacional e internacional en el Puerto de San Juan”.
A principios de mes la Comisión Cameral de Relaciones Federales, Internacionales y de Estatus realizó una vista pública para discutir el acuerdo.
El representante José Aponte, informó en ese momento que solicitó una reunión con la gobernadora, pero no se la han concedido. Mientras, ayer la portavoz de prensa de Fortaleza, Mariana Cobián, confirmó que la petición estaba en turno, pero que no tenían fecha confirmada.
