El Comité Oficial de Retirados (COR) defendió ayer el acuerdo que firmó con la Junta de Control Fiscal (JCF) y que fue anunciado a principios de junio, a la vez que exhortó a cualquier grupo de pensionados que desee someter un plan que sea de mayor beneficio a así hacerlo.
“Es bien fácil, atractivo, decir ‘nos oponemos a los recortes, no queremos recortes’. ¿Y cómo hacemos los pagos? ¿De dónde el Gobierno saca para el pago? Esa es la pregunta. Yo me he reunido en ocasiones y he visto los grupos que dicen: ‘cero recortes’, y a uno de los grupos yo le dije: ‘¿dónde está el plan de ustedes? Preséntenlo al Tribunal’. A lo mejor convencen al Tribunal, a lo mejor el plan de ellos es mejor que el de nosotros”, dijo Miguel J. Fabre, presidente del COR.
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Por su parte, el abogado Francisco Castillo, asesor del COR, opinó que “el Comité Oficial de Retirados no monopoliza el proceso; aquí cualquier grupo puede comparecer al Tribunal. Cualquier pensionado en su carácter personal puede contratar un abogado”.
Las expresiones de los miembros del COR a Metro se dan de cara a la posible presentación del plan de ajuste de deuda este mes, lo que conllevaría la votación por el acuerdo de los retirados. La semana pasada, el abogado de la JCF, Martin Bienestock, informó a la jueza Laura Taylor Swain durante su más reciente vista que el plan de ajuste se someterá en o antes del 30 de septiembre.
Dicho plan de ajuste debe contener el acuerdo del COR, así como otros acuerdos que se han anunciado, como el de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPUPR) y el acuerdo con bonistas de Obligaciones Generales.
Proceso de votación
El licenciado recordó que el tribunal estará encargado del proceso de votación entre los diversos grupos, así como del envío de las papeletas correspondientes. Además, se detalló que solamente los acreedores con Reclamaciones Perjudicadas (aquellas que son impactadas) pueden votar a favor o en contra del Plan. En el caso de los retirados esto incluirá a quiénes tengan beneficios de pensión de $1,200 en adelante.
Destacaron que el abogado principal del caso es Robert Gordon, quien fue el representante legal del sistema de retiro de la ciudad de Detroit durante su proceso de quiebra.
