Luego de que el senador Cirilo Tirado presentara una resolución para investigar los procesos de subastas en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), el secretario de la agencia, Erik Rolón, rechazó las presuntas irregularidades que, en pasados meses, han llevado a licitadores a impugnar las decisiones en los tribunales.
Específicamente, Rolón negó las imputaciones relacionadas al contrato que tiene el fin de adquirir un sistema para impedir aquellas comunicaciones no autorizados dentro de las instituciones correccionales, conocido como Managed Access Systems (MAS).
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“No solo son incorrectas las imputaciones, sino que el legislador demuestra total desconocimiento sobre los procesos de como comprar y contratar servicios en la esfera gubernamental. Lo anterior es altamente preocupante debido a que avala lo practicado por el DCR durante la pasada administración ante contratos y subastas vencidas por años. Dicha práctica consistió en realizar contratos, que de ordinario requieren procesos públicos y formales, mediante simples modificaciones a los contratos existentes, como lo son cláusulas automáticas de renovación, cláusulas a favor de los proveedores de servicios y órdenes de compra, claramente lo anterior no es cónsono con la transparencia que requieren los procesos gubernamentales”, sentenció Rolón al tiempo que destacó el uso de los procesos de subastas para la compra y contratación de servicios como la mejor alternativa.
El secretario señaló que recientemente se adjudicó el proceso número RFP-19-001 con el fin de adquirir el sistema MAS. Dicho proceso inició el pasado enero, al amparo de los requerimientos de la Ley 117-2017, la cual persigue trabajar a favor de erradicar las llamadas de extorsión, práctica conocida como canteo. A la fecha, la determinación de la Junta de Subastas del DCR se encuentra en su fase estándar de reconsideración y revisión.
El proceso número RFP 17-005, para la adquisición de servicios de alimentos, operación de las comisarías y remodelación de las lavanderías, inició el 8 de diciembre de 2017. En declaraciones escritas, Rolón insistió que, hasta el momento, el proceso no ha sido revocado en sus méritos y continúa en su fase estándar de revisión y reconsideración. y que tampoco existe investigación por parte del Negociado Federal de Investigaciones sobre este particular.
Respecto al proceso número RFP 16-013, con el fin de adquirir los servicios de llamadas para la población correccional, la Junta de Subastas del DCR determinó otorgar lel contrato a la compañía Global Tel Link (GTL). Sobre tal proceso, el secretario resaltó que la determinación fue confirmada como correcta al culminar los procesos de reconsideración y revisión judicial.
Asimismo, Rolón negó que el cabildero Elías Sánchez hubiera influenciado las decisiones del DCR.
“Hace un tiempo confirmé en una vista pública que he sostenido reuniones con el licenciado Sánchez. Sin embargo, he aclarado que ninguna de estas reuniones ha sido en los pasados meses y mucho menos posterior a la aprobación de la Orden Ejecutiva 2019-31 sobre el Registro de Cabilderos. También precisé que ninguno de los temas discutidos en dichas reuniones ha resultado en contratos a favor de los clientes representados por el licenciado Sánchez”, puntualizó Rolón.
