El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy, aseguró que de eliminarse el arbitrio sobre ventas a las empresas foráneas pedirían al gobierno federal un tiempo de transición, debido al impacto económico que esto supondría para Puerto Rico.
“Nosotros estuvimos con la gobernadora Vázquez y con un grupo fiscal reunidos con el secretario del Tesoro de Estados Unidos y parte de su equipo de trabajo. Fue una reunión en la que se tocaron muchísimos temas y uno de ellos fue el tema de la (ley) 154. No se discutió nada más allá de que sí, vamos a tener que tener reuniones posteriores, más de trabajo, técnicas, donde se pueden estar evaluando un sinnúmero de situaciones”, expuso Laboy a preguntas de Metro, durante una conferencia de prensa en la que el Departamento de Agricultura entregó las primeras licencias para el cultivo y manufactura de cáñamo.
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De igual forma, Laboy destacó que las empresas foráneas que operan en la Isla deberían ser parte del diálogo en caso de que se elimine el arbitrio. “Si llegase a ocurrir una situación como la que se está discutiendo públicamente, nosotros estaríamos pidiendo tiempo de transición y tener un plan ordenado, planificado. Porque, sin duda alguna, el arbitrio representa para el fisco, para el fondo general, cerca de $1,800 millones y son las empresas, la mayoría, pertenecen al sector de biociencia, de manufactura, que también emplean a muchísimas personas con salarios bien remunerados y esa una parte esencial de la economía de Puerto Rico”, sentenció.
Impacto económico
“Allí no se discutió nada que no sea distintos temas que tenemos que seguir trabajando en equipo. La gobernadora fue enfática en que estamos restaurando la credibilidad ante la situación política del verano y estrechar lazos de colaboración y trabajar en equipo con el gobierno federal”, indicó Laboy.
Mientras, ayer diversos economistas advirtieron a Metro sobre las consecuencias que podría tener la eliminación del arbitrio a las empresas foráneas. Asimismo, entre ellos destacaron fuga de empresas, posibles aumentos en el IVU y hasta la imposibilidad de pagar la deuda.
“Lo que le están diciendo al Gobierno de Puerto Rico es: ‘Elimina ese cuatro por ciento de arbitrio y ponlo como una contribución sobre ingreso de la corporación’”, explicó Heriberto Martínez, presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico.
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