Organizaciones de jubilados realizarán dos manifestaciones para defender el cobro de la totalidad de sus pensiones, ante lo que perciben es la falta de compromiso de la gobernadora Wanda Vázquez de garantizar sus beneficios, contrario a lo que fue la postura pública de su predecesor, Ricardo Rosselló.
“Si algo bueno hizo ese canalla (Rosselló), era mantener una posición firme de que a los pensionados no les iba a descontar dinero. Si (Vázquez) quiere hacer diferencia que la haga aportando, no restando, y que seamos los jubilados los que paguemos los platos rotos”, dijo a Metro Ricardo Santos, portavoz de la Unión de
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Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego (UTIER), uno de cerca de diez colectivos que convocaron protestas para el próximo martes frente a La Fortaleza y el viernes en Plaza del Caribe, en Ponce.
La abogada Eva Prados, de la organización Construyamos Otro Acuerdo, planteó que no debe haber impedimentos para que los retirados del Gobierno central, a quienes se les propone recortar un promedio de 8.5 % de sus pensiones, sean tratados de manera distinta a otros acreedores no asegurados.
“En las ciudades de Stockton y San Bernardina, en California, se argumentó con éxito que, como aquí, los jubilados habían sufrido recortes mediante reformas. Así que lo que dice la Junta (Fiscal) de que se tiene que recortar porque estamos en quiebra no es cierto”, señaló Prados.
“El Gobierno no se va a beneficiar con bajar las pensiones. Eso no va a llegar a $115 millones al año. Pero para los pensionados esa puede ser la diferencia entre vivir o morir, comprar medicinas o no”, sostuvo Dwight Rodríguez, de la Federación de Pensionados y Jubilados.
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