El pasado miércoles 7 de agosto, a las 5:00 de la tarde, Wanda Vázquez accedió a La Fortaleza bajo la mayor crisis de gobernanza que ha vivido el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en sus 67 años de existencia.
Temprano esa tarde, el Tribunal Supremo había declarado inconstitucional la juramentación a la gobernación realizada cinco días antes por Pedro Pierluisi, el secretario de Estado designado por Ricardo Rosselló, quien, a su vez, se vio forzado a renunciar, víctima de sus propias palabras compartidas en un infame chat de Telegram. Teniendo como única otra alternativa la renuncia, la hasta entonces secretaria de Justicia optó por ocupar el cargo que días antes había dicho que no le interesaba.
Se convertía en la tercera gobernadora en menos de una semana y la segunda mujer a cargo de los destinos del país.
Pero lo hizo enfrentándose a una gran oposición dentro del mismo Partido Nuevo Progresista (PNP), cuyos líderes legislativos habían llegado a un consenso para que fuera la comisionada residente Jenniffer González quien fuera nombrada a la secretaría de Estado, para luego ocupar la silla como mandataria.
“El Ejecutivo lo dirige la gobernadora; la Rama Legislativa la dirigen los legisladores. La Constitución dispuso que la gobernación era de Wanda Vázquez”, dijo en una entrevista radial en su primer día completo en el cargo.
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Ese mismo día, reiteró que no renunciaría, y en entrevista con Metro aseguró que, aunque es de ideología estadista, la búsqueda de la estadidad no sería el norte de su administración. Fueron unas palabras que cayeron mal entre amplios sectores del PNP, incluida la comisionada González, quien rápidamente se manifestó en Twitter.
“Igualdad estadidad es la razón del PNP”, sentenció González. Sin embargo, ambas sostuvieron varias reuniones y las aguas parecieron calmarse. Ya no había, por el momento, boicot a su gestión.
Interrogantes con la política pública
Aunque ya mañana se cumple un mes desde la juramentación de Vázquez, lo cierto es que todavía no ha definido cuál será su política pública en relación con varios temas neurálgicos.
Por ejemplo, pese a sostener reuniones semanales con la Junta de Control Fiscal (JCF) y haber nombrado a Elí Díaz como su representante en el cuerpo, la gobernadora no ha asumido públicamente una postura con respecto al plan de ajuste que reestructuraría unos $35,000 millones en deuda del Gobierno central.
Por otra parte, Vázquez también se ha reunido regularmente con alcaldes de ambos partidos, a quienes ha advertido que, con toda probabilidad, la Ley 29 que exime a los municipios de las aportaciones a los planes de retiro y de salud de los empleados públicos será vetada en corte debido a la oposición de la JCF. Sin embargo, Vázquez aún no ha presentado propuestas concretas que permitan aliviar las finanzas de los atribulados municipios.
Nombramientos, vacantes y despidos
Al llegar al Palacio de Santa Catalina —que no ha convertido hasta la fecha en su residencia permanente—, Vázquez se encontró con un Gobierno desnudo en áreas clave de la gestión ejecutiva. En sus primeras semanas, sorprendió con el nombramiento de la senadora Zoé Laboy para encabezar su gabinete como secretaria de la Gobernación.
También realizó el nombramiento de Díaz, presidente ejecutivo de la AAA, como representante sin voto ante la JCF. Como su reemplazo en el Departamento de Justicia, designó a Dennis Longo, quien aún espera por la confirmación senatorial.
La silla que sigue vacante es precisamente la primera en el orden de sucesión a la gobernación, la secretaría de Estado, departamento que está a cargo de manera interina por María Marcano y que no cuenta con un jefe en propiedad desde la renuncia de Luis Rivera Marín el 17 de julio.
Durante esta semana, Vázquez realizó su primera destitución de alto perfil, al solicitarle la renuncia a Beatriz Zayas, hasta entonces comisionada del criticado Negociado de Ciencias Forenses. Quienes sí han permanecido en sus puestos son dos miembros del chat de Telegram: Anthony Maceira, director de la Autoridad de Puertos; y Ricardo Llerandi, a la cabeza de la Compañía de Comercio y Exportación. Tampoco ha destituido a la asesora de Infraestructura, María Palou, quien está bajo investigación junto a su esposo por un referido en el que se alegaba posible venta de influencias.
Esta semana también, la gobernadora accedió parcialmente al reclamo que, desde noviembre pasado, vienen realizando grupos feministas, declarando una estado de alerta —no emergencia— nacional por las decenas de feminicidios producidos en los pasados años.
Y en lo que podría ser señal de que no todo es miel sobre hojuelas, salió a relucir que el Gobierno desconoce la cantidad de escuelas clausuradas y en desuso, aunque funcionarios de la pasada administración desmintieron la supuesta falta de información.
Con un viaje a Washington programado para este domingo, en el que Puerto Rico se juega miles de millones de dólares, la hora de la verdad acaba de comenzar.
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