El Departamento de Corrección y Rehabilitación sufrió un revés judicial ayer cuando el Tribunal de Apelaciones determinó que la impugnación de un contrato de $300 millones para los servicios de comisaría, lavandería y cafetería en las cárceles no ha sido bien manejado.
Un panel de los jueces apelativos Roberto Sánchez Ramos, Grace Grana Martínez y Abelardo Bermúdez Torres concluyó que la Junta de Reconsideración de Subastas de la agencia violó su propio reglamento para atender una impugnación de la empresa Trinity, que brindaba los servicios anteriormente y que había licitado por $85 millones menos que Carolina Catering Corporation. Los jueces evaluaron la prueba que incluía correos electrónicos de Corrección sobre el asunto.
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“El Reglamento de la Junta de Reconsideración prohíbe expresamente que empleados del Gobierno de Puerto Rico suministren información sobre cualquier recurso de reconsideración, intervengan con los documentos o actúen indebidamente de cualquier otra forma”, señalaron los jueces. “La Junta no siguió su reglamentación al aceptar evidencia provista de forma ex parte por un funcionario del Departamento de Corrección”, agregan. Señalan que el procurador general no pudo disipar los cuestionamientos sobre el incumplimiento de la Junta de Reconsideración.
La subasta debe volver al foro adjudicativo señalado para atender su impugnación. Trinity había alegado que allí el proceso fue carente de imparcialidad, estuvo viciado y violentaba reglamentos de la propia Junta de Reconsideración de Subastas.
