Una iniciativa creada por la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) para que docentes dieran tutorías a los estudiantes tuvo contratos con el Departamento de Educación desde 2008 hasta 2014 que suman $7.5 millones.
El Instituto Nacional Complementario para la Excelencia de la Docencia (INCED) fue parte de una iniciativa que puso a funcionar la Asociación para que maestros y maestras administraran las tutorías y ofrecieran servicios a los alumnos y alumnas.
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El dinero provenía de propuestas que competían —en sobres sellados a ciegas— por fondos federales de Título IV, Parte B.
“Era un programa externo con una junta externa y era administrado por maestros”, explicó la presidenta de la AMPR, Aida Díaz.
Y aunque fue precisamente Díaz quien incorporó la entidad, aclaró que “no cobraba un centavo de ahí ni tomaba decisiones de ahí. Si los tenía que asesorar los asesoraba porque eran maestros, claro está, pero no trabajaba con ellos, que es mi propósito, que ellos administren sus propias propuestas”.
Declaró que la iniciativa se dejó sin efecto “porque no podíamos seguir dándoles dinero, y en estos proyectos hay que meter mucho dinero y yo dije ‘no podemos seguir’”.
Aunque los contratos se otorgaron bajo distintos Gobiernos, el más reciente, que ascendió a $1,016,786, lo firmó el entonces director de la Oficina de Asuntos Federales, Ramón López de Azúa, quien posteriormente pasó a trabajar ofreciendo asesoría a la Asociación.
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Al preguntarle sobre si López de Azúa ha trabajado u ofrecido servicios a la AMPR, Díaz expresó: “Sí, hace muchos años”. Añadió que la Asociación creó, “hace muchos años, un proyecto para atender escuelas, y él asesoraba la Asociación. Además, nos dio asesoría en evaluar el SES (Servicios Educativos Suplementarios)”.
Al cuestionarle sobre si, entonces, López de Azúa asesoraba la entidad a la que le firmó contratos, señaló que “sería después de irse de ahí”. Asimismo, Díaz aseguró que desconoce si el entonces funcionario firmó algún contrato con el Instituto mientras trabajaba en el DE. No precisó cuándo fue contratado por la Asociación, pero dijo que fue por uno o dos años.
“El había sido director o algo, y trabajaba en Fondos Federales, y fue cuando se creó aquel issue con la SES, que la gente cogía el dinero y lo despilfarró, y ahí teníamos que hacer unas investigaciones y tratar de ver cómo uno se metía para ver, y ahí es que empezamos a ver cómo gastaban el dinero. Y para poderlo hacer tenías que competir con ellos, porque Educación no da información”, indicó Díaz.
La líder sindical dijo que López de Azúa no levantó bandera sobre la posibilidad de algún posible conflicto por firmar contratos con el Instituto y luego ir a trabajar a la Asociación para asesorarle sobre el mismo Instituto, “porque ya no era empleado de Educación, o si no, imagínate, aquí nadie podrá trabajar en nada”.
La líder sindical dijo que López de Azúa contrató a su hija Yarimir Rodríguez, en el Departamento de Educación cuando dirigía la Oficina de Asuntos Federales. La presidenta de la Asociación aclaró que, si bien el contrato ascendía a $124,000, su hija solo se ganó $26,000 producto de ese contrato porque fue cancelado.
Luego de ser director de Asuntos Federales, el nombre de López de Azúa volvió al ojo público cuando agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, siglas en inglés) le allanaron la casa en la que vive junto a su esposa Vanessa Monroig, exasistente de la exsecretaria Julia Keleher, contra quien pesan cargos a nivel federal. López de Azúa indicó en ese momento a los medios que los federales se llevaron una computadora y el celular de su esposa.
