La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio de Jayuya, como resultado del informe de auditoría M-20-06 que reveló alegados pagos indebidos por trabajos no realizados.
Así lo informó el martes la contralora, Yesmín Valdivieso.
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“El Informe revela que el Municipio pagó 41,600 dólares de forma indebida, por unos trabajos no realizados en el proyecto de construcción de un anfiteatro, una biblioteca electrónica, un auditorio y un salón de actividades por 1.5 millones de dólares. Nuestros auditores detectaron que faltaba instalar, según los planos, 108 butacas y 10 puertas de metal”, dijo Valdivieso en declaraciones escritas.
Asimismo, señaló que la auditoría de cuatro hallazgos señala que el municipio no obtuvo cotizaciones de, al menos, tres proveedores para la construcción de una obra. Además, para dicha obra contrató por 74,478 dólares a un contratista que le debía 196,910 dólares al Departamento de Hacienda. Aún así el municipio le tramitó varios pagos sin efectuarle ninguna retención para pagar la deuda.
“Este contratista le entregó al municipio el proyecto sin terminar, cuando Hacienda diligenció una Notificación de Embargo. Para terminar el proyecto, Jayuya contrató otra empresa sin solicitar cotizaciones de al menos tres proveedores e invirtió 6,889 dólares adicionales al presupuesto original para terminar la obra”, dijo la funcionaria.
Entretanto, indicó que el Informe Mensual de Ingresos y Desembolsos reflejó al 2015, recursos económicos ascendentes a casi 2 millones de dólares que habían permanecido inactivos hasta por más de siete años. Esta situación privó al municipio de recursos económicos que se podían reprogramar y constituye una política administrativa inadecuada.
“Contrario a la ley y reglamentación vigente, el municipio autorizó pagos de 3,959 dólares a una funcionaria por concepto de vacaciones y enfermedad que no procedían. Además, se pagaron 1,079 dólares en exceso a funcionarios y empleados por errores en los cómputos realizados sobre los balances de licencias”, sostuvo la contralora.
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Por último, informó que la auditoría comenta que al 30 de junio de 2016, Jayuya tenía siete demandas civiles por 5.2 millones de dólares, pendiente de resolución por los tribunales. Las demandas son por concepto de daños y perjuicios, expropiación forzosa a la inversa e incumplimiento de contrato.
Este es el segundo informe del Municipio de Jayuya y cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 31 de agosto de 2017 y está disponible en www.ocpr.gov.pr. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
