Como anticipó Metro el jueves pasado, la Comisión cameral de Desarrollo de la Ciudad Capital, presidida por el representante Eddie Charbonier Chinea, radicó hoy un informe como resultado de su investigación sobre el proceso de contratación y permisos de “ViewPoint at Roosevelt“, un proyecto de viviendas a bajo costo que, aún con vastos privilegios por parte del Estado, no ha logrado erigirse en 15 años.
La investigación no solo dejó en evidencia el incumplimiento por parte del desarrollador, Eduardo Nevares Chaulón, sino que también sugiere “conducta impropia” de funcionarios públicos, explicó Charbonier Chinea.
“Me llegó una carta de Justicia solicitándome información del caso“, confirmó el representante. La solicitud, del 14 de agosto, fue hecha por parte de la fiscal Fabiola Acarón Porrata Doria, a cargo de la División de Integridad Pública. Esto en respuesta a un referido que hicieron inicialmente representantes del Partido Popular Democrático (PPD) por alegadas presiones del excomisionado residente Pedro Pierluisi para detener la investigación, como denunció el presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez.
Charbonier Chinea, sin embargo, no señaló funcionarios en específico y afirmó que su referido a Justicia sería el informe en general. “Desde la perspectiva de un legislador, no de un fiscal, [diría] que hay no tan solo conducta impropia, conducta indebida de funcionarios privados y públicos, y mal manejo del Departamento de Transportación y Obras Públicas por los pasados 15 años de propiedades públicas, [también de] parte del municipio de San Juan”.
Este medio no ha pedido revisar el documento, pero de documentos oficiales, vistas públicas y entrevistas se desprenden las siguientes preocupaciones de la Comisión.
Proceder negligente en DTOP
El 30 de diciembre de 2004, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) adjudicó a Nevares Chaulón las Parcelas B1-A, en la calle Alhambra en Hato Rey, por $4.6 millones. El desarrollador entró en posesión el 12 de enero de 2006.
“Para el propósito que se les concedió el terreno en un RFP, al día de hoy allí no han hecho nada”, resaltó el representante independiente Manuel Natal Albelo.
Pero, además, rentaron a ACT otro terreno como oficinas del proyecto de vivienda. “Ese proyecto también tiene otra controversia, que es que estaban utilizando el terreno para un fin que ellos no estaban autorizados, incluyendo el subarrendar el terreno”, explicó el integrante del Movimiento Victoria Ciudadana.
En ambos casos, queda de por medio la negligencia de DTOP durante cinco administraciones distintas, puesto que, según los representante no detuvieron el proyecto aún con la inacción del desarrollador y los cientos de miles en multas que acumuló hasta este año.
“El contrato acordado era de $15,000 (mensuales), ellos terminaron pagando $1,500 por la figura de la compensación porque ellos supuestamente iban a hacer unas mejoras. Así que tenían que incurrir en unos gastos y esos e lo estaban descontando del arrendamiento”, dijo Natal Albelo.
Las mejoras consistían en demoliciones, estudios de suelos y otros procedimientos, explicó Nevares Chaulón en vista pública el 11 de febrero. En ese mismo interrogatorio con la comisión, dijo que dejó de pagar al Estado porque “nosotros alquilamos unos terrenos y lo que nos entregaron no tenía la misma cabida”.
Al 11 de enero de este año adeudaban sobre $240,000 que ya pagaron tras una negociación sobre la que este medio no tiene detalles.
En 2012, ACT canceló varios de los permisos de ocupación solicitando un desalojo, pero luego se hicieron de la vista larga y, bajo la administración de Alejandro García Padilla, extendieron el contrato “confidencial” a pesar del incumplimiento.
Posible conflicto de interés en la Junta Fiscal
Ante este panorama, en verano del año pasado la JCF designó “ViewPoint at Rossevelt” como su primer -y hasta ahora único- proyecto crítico, lo que le daría el beneficio de permisos expeditos aún a pesar de que el desarrollador no tenía problemas en esta área.
“Entiendo que hay una intervención indebida con el proceso legislativo y unos conflictos de intereses por parte de Pierluisi y la señora Rosemarie Vizcarrondo Carrión”, afirmó Natal Albelo. “Esto podría también significar el uso indebido de una función pública para un beneficio personal“.
El representante independiente hace referencia a que el proyecto se lleva a cabo de la mano de Desarrollos Metropolitanos, firma del padre de Vizcarrondo Carrión, quien hasta el 30 de julio fue “chief of staff” del ente federal. Ahora lo dirige su hermano, José Vizcarrondo Carrión.
Pierluisi, por otra parte, fue abogado del desarrollador Nevares Chaulón a través del bufete O’Neill & Borges, con quienes también representó a la JCF.
El ente federal reconoció la apariencia de un conflicto de interés, y solicitó una opinión a su asesora interna de ética. Metro solicitó el documento con los resultados de la consulta, pero hasta el momento no ha sido recibido.
El ex coordinador de Revitalización de la Junta, Noel Zamot, fue quien refirió el proyecto “crítico” y nunca acudió al Capitolio a responder interrogantes durante la investigación. Sin embargo, a juicio de Natal Albelo, “yo no puedo decir, de la investigación, que tiene los mismos conflictos de interés que tiene Rosemarie Vizcarrondo”.
Charbonier Chinea fue más tajante con esta figura y reclamó que Zamot debió contestar si recibió presiones para catalogar este proyecto como “crítico”. Esto partiendo de la denuncia que hizo el militar sobre el mal manejo de fondos en Puerto Rico.
Zamot defendió el proyecto haciendo referencia a que crearía 270 trabajos y una inversión de casi $25 millones. Además, en su informe del 1 de mayo de 2018 resaltó que el huracán María dejó una necesidad de unas 12,784 viviendas de bajo costo en el área.
Silencio y fondos federales desde el municipio de San Juan
“ViewPoint at Roosevelt” tuvo problemas de financiamiento desde el principio, revelaron las vistas públicas. Pero el 20 de septiembre de 2016, el Municipio de San Juan otorgó lo que Charbonier Chinea interpretó como “un incentivo que yo pensaba que era un crédito”.
Sin embargo, Nevares Chaulón confirmó en la vista que “no es un crédito contributivo, es dinero que en efectivo que se depositó para el desarrollo del proyecto”.
De la carta de aprobación del Municipio se desprende, en cambio, que se trata de $881,044 provenientes del Federal Low-Income Housing Tax Credit Program (LIHTC). Esto, además, podría abrir la puerta a un referido en las autoridades federales, sugirió Charbonier Chinea en entrevista con Metro la semana pasad.
El municipio de San Juan no respondió a peticiones de la Comisión, afirmaron ambos representantes. Para el representante, no es comprensible por qué se otorgó este incentivo de construcción con la ristra de incumplimiento que cargó por años el desarrollador, quien de hecho modificó su propuesta puesto a que inicialmente serían viviendas de lujo con un precio de entre $200,000 y $500,000.
¿Qué procede?
El presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez afirmó esta mañana en entrevista radial que espera discutir el informe este jueves en sesión.
Además de los referidos, Natal Albelo opinó que “hay unos incumplimientos con los contratos, hay unos ingresos indebidos por parte de ViewPoint, y eso significará que se le tiene que recobrar este dinero a estar personas“.
