Aunque el representante Eddie Charbonier Chinea confirmó a Metro la semana pasada que radicaría hoy un informe cargado con irregularidades en el desarrollo del proyecto de viviendas a bajo costo “ViewPoint at Roosevelt”, la Cámara de Representantes otorgó hoy una extensión de 90 días para entregar el documento.
La Comisión de Desarrollo de la Ciudad Capital y Asuntos de la Juventud, presidida por Charbonier, dejó en evidencia posibles violaciones a la Ley y concluyó que referirían el informe al Departamento de Justicia.
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El mismo presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez afirmó esta mañana en entrevista radial que evaluarían el documento el jueves en sesión.
“ViewPoint at Roosevelt”, del desarrollador Eduardo Nevares Chaulón, lleva 15 años en un proceso -hasta ahora sin resultados- de levantarse en la Calle Alhambra en Hato Rey. Esto en terrenos rentados a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), con quienes Nevares Chaulón acumuló cientos de miles de dólares en deuda tras no pagar su mensualidad. Este medio confirmó que saldó la deuda tras las vistas públicas de la Comisión.
Ante este panorama, en 2012 emitieron una orden para que salieran del terreno, pero la ignoraron. El gobierno de Alejandro García Padilla les otorgó una extensión al contrato, pero el acuerdo fue “confidencial”, según la evidencia que recogió la comisión.
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Además, esta controversia arrastró al excomisionado residente Pedro Pierluisi. Una vez nombrado como Secretario de Estado por el exgobernador Ricardo Rosselló, “Johnny” Méndez afirmó que recibió presiones por parte del licenciado para que detuviera la investigación contra ViewPoint.
Pierluisi fue abogado del desarrollador a través de la firma O’Neill & Borges, con la que también representó a la Junta de Control Fiscal (JCF).
Precisamente, “ViewPoint at Roosevelt” ha sido el único proyecto catalogado como “crítico” por la JCF, lo que significa que se le facilitaría de manera expedita cualquier tipo de permisos.
Pero, en general, el desarrollador no tenía problemas con los permisos, sino con la financiación, confirmó el mismo Nevares Chaulón en vista pública. Adujo, pues, a que la decisión de la Junta le daría mayor “seguridad” a la hora de identificar fuentes de financiamiento, aunque ya acumulaba asignaciones de fondos federales.
La capacidad fiscal es precisamente uno de los requisitos que debía considerar la JCF al momento de seleccionar proyectos críticos.
