La Asociación de Empleados Gerenciales (AEG) de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y la Unión de Trabajadores Unidos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (Tuama) presentaron una demanda contra el gobierno de Puerto Rico para que se declare inconstitucional una disposición de la Ley 106 de 2017 que obliga a empleados públicos a que se les retenga un 8.5 % de su salario.
Así lo explicaron José Ortiz Torres, presidente de la AEG, y Ángel Torres Escribano, secretario de Tuama, quienes plantearon que este mandato en la ley violenta el derecho de libertad económica y propiedad.
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“Desde la Ley 106 en adelante, el gobierno ha vendido la ficción de que existe un Plan de Retiro, cuando en realidad lo que existe es la obligación al trabajador de desprenderse, como mínimo, de un 8.5 por ciento de su salario para ponerlo en un fondo que el gobierno administra a través de una compañía que el mismo Estado escoge”, indicó Ortiz Torres.
La AEG cuenta con cerca de 400 empleados, mientras que en la Autoridad Metropolitana de Autobuses hay cerca de 700.
Los líderes sindicales, además, señalaron que desconocen lo que está pasando con el dinero que el gobierno les ha retenido. La ley 106 creó una Junta de Retiro de Gobierno la cual tiene entre sus funciones contratar a una empresa para que administre el fideicomiso. De acuerdo con la demanda de las organizaciones, el gobierno contrató a la empresa Alight Solutions, la cual está ubicada en Florida. “El gobierno debe salirse del medio y que sean los servidores públicos quien administre el dinero”, Ortiz Torres.
