Algunos médicos y expertos en salud pública advierten que las nuevas normas de inmigración en Estados Unidos traerán consecuencias graves para la salud de la población y un aumento en los costos: los diabéticos no acudirán a sus revisiones rutinarias, los asmáticos jóvenes no obtendrán atención preventiva y habrá un aumento en las costosas visitas a las salas de emergencia.
Dicen que los cambios radicales, que les negarían la residencia permanente a muchos inmigrantes, harán que dejen de utilizar el Medicaid -el programa gubernamental estadounidense de asistencia médica para los pobres o discapacitados-, los cupones de alimentos y otro tipo de asistencia pública.
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Algunos defensores del cambio dicen que ya están viendo las consecuencias incluso antes de que la compleja regla de 837 páginas entre en vigor en octubre.
El gobierno del presidente Donald Trump pregona su enfoque enérgico como una forma de mantener sólo a los inmigrantes autosuficientes en el país, pero los expertos en salud sostienen que el cambio podría forzar a millones de migrantes de bajos ingresos a elegir entre recibir servicios de salud necesarios y sus intentos de permanecer legalmente en el país.
“La gente va a estar más enferma. No van a buscar atención médica o no hasta que tengan que ir a una sala de emergencias”, opinó Lisa David, presidenta y directora ejecutiva de Public Health Solutions, la organización de salud pública más grande de Nueva York. “Le va a costar mucho dinero al sistema”, agregó.
A los inmigrantes que quieren obtener la residencia legal permanente, a través de la comúnmente llamada “green card”, se les ha exigido desde hace mucho tiempo que demuestren que no serán “una carga pública”. El gobierno de Trump anunció el lunes que redefiniría el término para referirse a aquellos que tienen menos probabilidades de recibir prestaciones públicas durante un cierto período.
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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) también tendrá en cuenta otros factores, como los ingresos, la educación y el dominio del inglés.
“Queremos ver gente que venga a este país y sea autosuficiente”, dijo Ken Cuccinelli, director interino del USCIS. “Ese es un principio básico del sueño americano. Está profundamente arraigado en nuestra historia y particularmente en nuestra historia relacionada con la inmigración legal”.
Dos condados de California y fiscales de 13 estados entablaron demandas, diciendo que los cambios aumentarán los peligros para la salud pública.
Hay indicios de que eso ya está ocurriendo en ciudades como Chicago, Detroit y Nueva York, afirman los defensores de los inmigrantes.
A las pocas horas del anuncio, una abogada de inmigración de Minnesota dijo que recibió una ráfaga de llamadas de clientes preocupados sobre si debían dejar de recibir ayuda del Medicaid o no. Una organización sin fines de lucro de Detroit, que ayuda a los latinos e inmigrantes con servicios sociales, dijo que su vestíbulo, por lo general repleto de gente, estaba vacío el día después de que se dieron a conocer las reglas. La organización de salud pública más grande de Nueva York, Public Health Solutions (Soluciones de Salud Pública), que atiende a una gran población inmigrante, reportó una caída del 20% en la inscripción de cupones de alimentos desde que se propuso la regla por primera vez en el otoño.
Federico Mason, quien emigró desde México hace más de dos décadas, dijo que está preocupado por los nuevos criterios porque tiene bajos ingresos y no habla bien el inglés. El residente de Chicago dijo que no tiene planes inmediatos para retirar de Medicaid a sus hijos de 8 y 15 años de edad, que son ciudadanos estadounidenses, pero que la nueva regla lo ha hecho preocuparse sobre la forma en que mantendrá a su familia y sobre si debería solicitar una tarjeta de residencia permanente.
Dijo en español que si algún día quiere cambiar su estatus de residencia, será más difícil bajo estas nuevas normas, a las que calificó de injustas y discriminatorias.
La doctora Deanna Behrens, pediatra de terapia intensiva en los suburbios de Chicago, dijo que los niños son los más vulnerables.
Aseguró que los padres que no son ciudadanos podrían dudar en solicitar prestaciones de salud para sus hijos que son ciudadanos estadounidenses, temiendo erróneamente que si sus hijos obtienen la ayuda social, se arruinarían sus propias posibilidades de obtener una tarjeta de residencia y separarían a sus familias. Esto hará que las personas no puedan costear la atención de enfermedades crónicas como el asma y la diabetes, así como las medidas preventivas. En su lugar, dependerán de salas de emergencia mucho más costosas.
“Esto ha obligado a las familias inmigrantes a tomar una decisión imposible”, dijo Behrens.
El tema es personal para la doctora Jasmine Saavedra, una pediatra que trabaja en la clínica Esperanza, en un vecindario fuertemente latino de Chicago.
Ella está convencida de que si los nuevos criterios del gobierno de Trump hubieran estado en vigor para sus padres hace tres décadas, ella habría tenido un futuro muy diferente. Sus padres emigraron de México en la década de 1980 sin hablar inglés y con poca educación. Mientras dependían de trabajos de bajos salarios, recurrieron a cupones de alimentos durante un breve tiempo para poder sobrevivir.
Luego su madre decidió dejar de recibir asistencia pública debido al estigma, pero Saavedra dijo que hubo días en que su madre no quería comer para que sus hijos pudieran hacerlo. Ella cree que eso la ayudó a convertirse en doctora y a sus dos hermanas en contadora y enfermera.
“Tal vez cuando ciertas personas piensan en las familias inmigrantes, las ven como una carga para este país, de la misma manera que la gente le diría a mi madre cuando recibía asistencia”, dijo Saavedra. “Pero mis padres, sin educación, sin hablar este idioma, pobres y con un poco de ayuda cuando pudieron, nos sacaron adelante y tienen tres hijas exitosas”.
