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Emergencia por violencia de género podría considerarse

Ciencias Forenses sigue sin completar autopsias, lo que podría aumentar las fatalidades

Aunque hasta junio la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, afirmaba categóricamente que no era necesario declarar un estado de emergencia para elevar la atención a la violencia machista, ayer, como gobernadora, abrió las puertas a esa opción al afirmar que “si eso es necesario, lo vamos a considerar”.

“Más allá de los cuestionamientos que podamos hacerle a la gobernadora, ella tiene unas responsabilidades que entran con el cargo que asumió. Se tiene que atender la situación de violencia de género que atraviesa el país, y declarar un estado de emergencia envía el mensaje de que el Gobierno, como institución, va a asumir la prioridad de atender este problema que está costándonos vidas”, dijo una de las portavoces de la Colectiva Feminista en Construcción, Shariana Ferrer Núñez.

Según datos del Negociado de la Policía (NP), en lo que va de año se han reportado nueve asesinatos de mujeres en manos de sus parejas o exparejas.

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La víctima más reciente fue Thyndia M. Cruz Reyes, de 27 años, y su asesinato ocurrió el 8 de agosto, el día después de que Vázquez Garced se convirtió en la segunda mujer en ocupar la gobernación de Puerto Rico.

En Caguas, en su casa en el residencial Brisas del Turabo, Cruz Reyes fue degollada y apuñalada por su expareja, José Manuel Reyes Martínez. Una de las hijas de ambos, de tres años, acompañó el cadáver de su mamá desde su cunita, donde atestiguó la tragedia.

Números incompletos

Los nueve casos contabilizados no incluyen a Yomaira Hernández Martínez, una menor de 13 años que murió en  el hospital el 12 de mayo. Allí se mantuvo con quemaduras de 80 % en su cuerpo desde que, el 23 de marzo, su novio  Wilson Javier Meléndez Bonilla le pegó fuego.

Otros asesinatos se investigan como posibles consecuencias de violencia machista. Uno de ellos es el de Carmen Piñero Santana, cuyo cuerpo fue encontrado descompuesto en el baño de su hogar el 27 de julio, en Bayamón. También se encontró allí  el cuerpo ahorcado de su pareja, José Oscar Crespo. Hasta ayer, no se había recibido el resultado de la autopsia por el Negociado de Ciencias Forenses (NCF).

También se espera por la autopsia de una pareja que el 25 de julio fue baleada y calcinada en el interior de un carro en Río Piedras para confirmar identidad y el posible móvil, confirmó el portavoz del NP, Axel Valencia.

Las cifras tampoco incluyen a Laneyshka Giselle Tirado Rivera, de 19 años, y su madre Rosaura Rivera Vázquez, de 40. La joven, con cuatro meses de embarazo, organizaba con su progenitora el baby shower del bebé cuando las citaron en el barrio Caín Alto, en San Germán, la noche del 16 de julio. En plena carretera fueron tiroteadas. Ha trascendido que el presunto papá de la criatura, un hombre casado, fue desarmado por este caso.

Mientras tanto, las cifras más recientes sobre incidentes de violencia doméstica no están disponibles en el portal del NP.

Valencia dijo a Metro que, a la fecha, se tienen registrados  3,437 incidentes, aunque no tuvo a la mano el desglose por área policiaca y por género.

Lo que está desglosado son los casos de enero a marzo, cuando se registraron 1,664, casos de los que 1,385 (83 %) son mujeres. Los datos tampoco están desglosados por edad o relación, lo que no permite identificar si el resto de las víctimas (17 %) son parejas o hijos.

En el portal de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, las estadísticas más actualizadas sobre discrimen por causales son de 2017; las querellas por hostigamiento sexual, de 2017; y las órdenes de protección, de 2018.

Uno de los reclamos de la Colectiva Feminista es, precisamente, que, como parte de la declaración del estado de emergencia, se establezca un proceso riguroso y efectivo para el recogido y divulgación de estadísticas.

“El gobernador no necesita tener que hacer ese documento para que el pueblo sepa que es de alta prioridad”, alegó Vázquez Garced en junio, cuando anunció una iniciativa para arreciar los protocolos en Justicia y Seguridad Pública en casos de violencia machista.

Sadot Santana Miranda colaboró en esta historia.

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