Desde que anunció su renuncia el 24 de julio hasta que entró en vigor el 2 de agosto, el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó 68 leyes que incluyen la privatización de la Corporación de Seguros Agrícolas, nuevas estructuras de gobierno, exenciones contributivas para la industria de las cervezas artesanales, medidas para coartar el acceso a la información con los nombres Ley de Transparencia y Ley de Datos Abiertos, entre otras.
Entre las nuevas estructuras está la Oficina de Cafés de Puerto Rico, que estará adscrita al Departamento de Agricultura. También dio luz verde a la Ley de la Comisión de Juegos de Puerto Rico, donde se establece la política pública sobre las apuestas, y la Oficina del Comisionado Regulador de los Administradires de Beneficios y Servicios de Farmacia (PBM).
Además, convirtió en ley la licencia especial para víctimas de violencia doméstica y una medida para que el Negociado de Ciencias Forenses pueda cremar o enterrar cadáveres después de 10 días de la autopsia.
Pero ahí no quedó la última jugada del exgobernador desde La Fortaleza. En un periodo de seis días, dio paso a centenares de contratos en la Rama Ejecutiva que equivalen a más de $80 millones.
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