En busca de impulsar la fiscalización a la industria de restaurantes, el Departamento de Hacienda ya dio los primeros pasos dirigidos a regular el nuevo Impuesto sobre Ventas y Usos (IVU) en los alimentos preparados. Sin embargo, la agencia tiene un gran escollo: solo un 15 % de todos los negocios cumplen con los requisitos.
“Ya el Departamento emitió la determinación administrativa 1903, la cual regula la forma y manera en que los comerciantes que venden alimentos preparados podrán ser utilizados para vender esos alimentos en una tasa preferencial”, dijo el secretario de Hacienda, Francisco Parés, en entrevista con Punto por Punto.
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La Ley 257 de 2018 establece que, a partir de octubre, el IVU a los alimentos preparados se reducirá de 11.5 % a 7 %.
Según el titular de la agencia, hay más de 20,000 comerciantes identificados en el sistema de Hacienda que podrían vender alimentos preparados a una tasa preferencial.
Sin embargo, solo 3,000 de ellos cumplen con todos los requisitos. Eso equivale al 15 % de todos los negocios.
Entre los requerimientos están no tener deuda con el Departamento de Hacienda, haber radicado todas las planillas de IVU y tener un terminal fiscal conectado.
Con esta iniciativa, la agencia “está externalizando la fiscalización, donde le permitimos a los ciudadanos que, a la hora de hacer negocios con un restaurante o una persona que se dedica a la venta de alimentos preparados, decida si lo hará con un contribuyente cumplidor… o si quiere hacer negocios con una persona que tiene algún tipo de deuda con el Departamento”.
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Explicó que han optado por una política menos punitiva, que premie a aquellos que cumplan.
“La industria restaurantera hace muchas aportaciones a la ciudadanía, pero con el Departamento de Hacienda hay una interacción que tiene que mejorar. Es una industria que le debe más de $40 millones de los $204 millones que se deben del impuesto de ventas y uso”, sostuvo Parés, quien ayer cumplió su primer mes como secretario confirmado.
Indicó que en el año fiscal que recién terminó, la agencia excedió las proyecciones de recaudos por lo que ahora están en una posición de ventaja para cumplir con los requerimientos de la Junta de Control Fiscal. Alegó que el aumento de $1,136 millones adicionales a la proyección de la JCF se debe al crecimiento económico consecuencia del proceso de reconstrucción, políticas contributivas de Hacienda sobre planes de pagos, así como la Ley 257 de 2018, que enmienda el Sistema Unificado de Rentas Internas, lo que permite una mayor captación de impuestos.
Sobre los $22 millones que tenía Hacienda en contratos con la firma BDO, el funcionario explicó que ahora la reemplazan empresas pequeñas y medianas. “Son cinco firmas que están en el proceso de suscribir contratos”, aunque ya han tenido experiencia con Hacienda. Confirmó, además, que han recibido requerimientos de información por varias dependencias investigativas.
En las reuniones que tuvo con Pedro Pierluisi mientras fue gobernador juramentado, explicó que se suscribieron a la continuidad del trabajo de la agencia. Además, aseguró que no se dialogaron detalles de las investigaciones que están en curso, a raíz de las denuncias del exsecretario Raúl Maldonado, quien alegó que hay una “mafia institucional” en la agencia.
