El Tribunal Supremo invalidó ayer de un plumazo la juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador de Puerto Rico.
Los nueve jueces del más alto foro judicial del país coincidieron en la determinación histórica en la que, a su vez, declararon inconstitucional la enmienda a la Ley 7-2005 que sugería que el secretario de Estado podía suceder al gobernador —en caso de una renuncia— sin el aval de ambas cámaras.
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De esta forma, bajo la firma del juez Rafael Martínez Torres, el Supremo favoreció los argumentos del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, de que Pierluisi necesitaba el aval de ambos cuerpos legislativos para ser confirmado como secretario de Estado.
“Resolvemos, pues, que el Secretario de Estado no puede ser Gobernador por el resto del cuatrienio, sin ser antes el Secretario de Estado en propiedad. Para serlo, necesita el aval de ambas cámaras legislativas. El nombramiento del Secretario fue ratificado por la Cámara de Representantes, pero no por el Senado. En esas circunstancias, no puede ocupar la Gobernación. La enmienda de la Ley Núm. 7—2005 a la ley original de 1952, que exceptúa al Secretario de Estado del requisito de confirmación para ocupar en propiedad la vacante en el puesto de Gobernador, es inconstitucional”.
Según el escrito del juez Martínez Torres, el texto de la Constitución es claro en que la nominación del secretario de Estado tiene que ser confirmada no solo por el Senado, sino también por la Cámara de Representantes. Calificó de “incorrecta” la ponencia del entonces secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, y de la Asamblea Legislativa en 2005 de insertar una enmienda a la Ley de 1952 para permitir que el secretario de Estado pueda suceder al gobernador sin ser ratificado por ambas cámaras.
“El resultado es que, por el tiempo que quede de cuatrienio, que pueden ser años, el gobierno de Puerto Rico estaría encabezado por un Gobernador escogido exclusivamente por otro Gobernador saliente, sin que el Pueblo, o en su defecto, sus legisladores electos pudieran pasar juicio sobre esa nominación”, sostuvo el juez en su opinión.
Por su parte, aunque invalidó su ocupación del cargo, el Tribunal reconoció que la juramentación de Pierluisi era viable, ya que este lo hizo bajo la presunción de que dicho precepto era constitucional.
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Sin embargo, se descartó el planteamiento del ex comisionado residente que el Senado tuvo la oportunidad de evaluar y confirmar su nombramiento antes de la efectividad de la renuncia de Ricardo Rosselló el pasado viernes 2 de agosto, pero decidió no hacerlo.
“Lo que no podemos aceptar es la argumentación del Secretario nominado [Pierluisi] para aseverar que el Senado perdió su autoridad para considerar su nominación como Secretario de Estado, porque como él había tomado posesión del cargo mientras las cámaras legislativas estaban en receso, se podía adelantar a juramentar como Primer Ejecutivo al concretarse la vacante en ese cargo”, reza la opinión del foro judicial.
Pierluisi, además, argumentó ante el Tribunal que su ascenso a la gobernación era válido tras su nombramiento en receso. Sin embargo, el Tribunal Supremo rechazó esta contención debido a que, precisamente, el entonces gobernador Rosselló convocó a una sesión extraordinaria para que ambos cuerpos legislativos ratificaran su nombramiento y este le sucediera en la gobernación.
“Esa convocatoria no hizo más que reconocer que un nombramiento en receso no puede ser ‘razón para trastocar el fino balance de pesos y contrapesos que sostiene a nuestra estructura política”, subrayó Martínez Torres.
El dictamen del Tribunal ordenó que Pierluisi dejara el cargo ayer antes de las 5:00 p. m.
