Con las fichas de cada parte sobre el tablero, solo resta que el Tribunal Supremo de Puerto Rico determine en cualquier momento si la juramentación y ocupación de Pedro Pierluisi como gobernador es válida o no.
Ayer, tras cumplirse el plazo establecido por el máximo foro judicial, tanto la representación legal de Pierluisi, como la de Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado, justificaron sus posturas para intentar persuadir a los nueve jueces y prevalecer en el pleito. El Supremo deberá decidir si la juramentación de Pierluisi como gobernador es válida, aun cuando no fue confirmado por ambas Cámaras legislativas.
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La contención principal de Pierluisi está centrada en que fue nombrado en receso por el entonces gobernador Ricardo Rosselló y que dicha designación le otorga todos los deberes y facultades de un nombramiento en propiedad. Argumentó, además, que la Constitución no prohíbe que un secretario de Estado nombrado en receso pueda suceder al gobernador en caso de renuncia.
Los abogados de Pierluisi aludieron a que la Constitución “no distingue entre el nombrado en propiedad versus el nombrado en receso”. “Es constitucionalmente permisible que un secretario de Estado que haya sido ‘nombrado en receso’ y prestado juramento asuma la gobernación, ya que de inmediato quedó investido con las mismas facultades, deberes y obligaciones del cargo”, reza el recurso legal de Pierluisi.
Asimismo, pidieron que se declare constitucional la Ley 7 de 2005. Según establecieron, el criterio rector para determinar quién puede suceder al gobernador es que haya “sido nombrado sin distinción alguna”.
El recurso legal de Pierluisi señaló, además, que el Senado no actuó sobre su nombramiento antes de que la renuncia de Rosselló fuera efectiva el pasado viernes a partir de las 5:00 p. m.
“El Senado, sin una explicación razonable, abdicó su poder de ejercer dicha facultad constitucional. En otras palabras, el Senado decidió renunciar a su derecho a confirmar al secretario de Estado”, lee el documento legal.
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Se planteó, además, que, en caso de que el Tribunal Supremo decida a favor de Rivera Schatz, la decisión “tendría un impacto nefasto en la gobernabilidad de Puerto Rico y conllevaría otorgarle al Poder Legislativo una facultad constitucional irrazonable y excesiva que constituiría una usurpación impermisible del Poder Ejecutivo, concentrando excesivamente el poder en una sola rama de gobierno en contravención de los principios más básicos de la separación de poderes consagrados en la Constitución”.
Por su parte, Rivera Schatz, al igual que estableció en su demanda, expuso en sus argumentos que se violentó la facultad de consejo y consentimiento que tiene el Senado para confirmar a un designado a secretario de Estado. Agregó que Pierluisi vulneró este requisito constitucional cuando juramentó el pasado viernes 2 de agosto.
Condena que, luego de la confirmación por parte de la Cámara de Representantes en la tarde del viernes, Pierluisi había sido ratificado parcialmente, pero debía contar con el aval senatorial para convertirse en secretario de Estado en propiedad.
El presidente senatorial reiteró que la juramentación y la ocupación de Pierluisi al cargo de gobernador debe ser declarada nula, ya que “tenía que ocupar el puesto de secretario de Estado en propiedad al momento en que la misma fue efectiva”.
La representación legal de Rivera Schatz volvió a evocar el Diario de Sesiones de la Asamblea Constituyente y la intención de las personas que redactaron la Constitución en el 1952 para señalar que el secretario de Estado debe ser confirmado por la Cámara de Representantes y el Senado.
De tal manera, insistió en que si el tribunal decide que la interpretación de Pierluisi de la Ley 7 de 2005 es correcta, el Tribunal Supremo debe declararla inconstitucional.
Según Rivera Schatz, la excepción que está enmarcada en la Ley 7 de 2005, solo implica que el secretario de Estado es el único funcionario —llamado a suceder al gobernador en caso de renuncia— que tiene que ser confirmado en ambos cuerpos legislativos.
En el recurso legal, consideró “absurdo” que el secretario de Estado no requiera confirmación de la Legislatura para suceder al gobernador y los demás secretarios sí.
“La Constitución de Puerto Rico establece de forma clara, y para la situación aquí descrita, que para ocupar el cargo de gobernador ante la renuncia efectiva de Rosselló Nevares, el Lcdo. Pierluisi Urrutia tenía que ocupar el puesto de secretario de Estado en propiedad al momento en que la misma fue efectiva”, argumentó.
Asimismo, la representación legal del líder senatorial, solicitó nuevamente que se emita un injunction contra Pierluisi para que “cese de ejercer las funciones de gobernador”.
Por su parte, el procurador general, Isaías Sánchez Báez, también sometió un recurso legal en representación del Gobierno de Puerto Rico en el que defendió la validez de la Ley 7 de 2005 y pidió al Tribunal Supremo que valide la gobernación de Pierluisi.
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