A pesar de que el nuevo modelo de ayudas económicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) —que elimina las exenciones de matrícula no estipuladas por ley— promete que la mayoría de los estudiantes del sistema no tenga que pagar el costo de los créditos, el proceso de implementación ha experimentado diversos escollos.
Así lo afirmaron diversos representantes estudiantiles y sindicales de la institución, que expusieron a Metro que ha habido dudas y confusión por parte de los universitarios en torno al proceso de adjudicación de ayudas económicas.
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El presidente del Consejo General de Estudiantes (CGE) de Ponce, Hani Elmusa Rivera, afirmó que recibieron múltiples llamadas y mensajes en redes sociales con interrogantes sobre la nueva política de ayudas. “Se prometió que, antes de empezar las clases, la programación iba a estar lista y el 80 % no iba a tener que pagar matrícula, y eso fue un golpe bien fuerte a muchos estudiantes porque tienen que pagar entre $300 y $700” como primer pago, expuso Elmusa Rivera.
Según el presidente CGE Ponce, eliminar las exenciones ha provocado, además, que aquellos estudiantes que antes recibían exención, al no cualificar para la beca Pell, este semestre se les reflejara la deuda. Estos tendrían que acogerse a prórroga hasta tanto la administración evalúe su elegibilidad al programa nuevo de ayudas.
Por su parte, la presidenta del CGE de Mayagüez, Génesis Alvelo, también ha recibido muchas dudas por parte de los estudiantes. Señaló que el modelo se implementó “un poco apresurado y no se le dio el tiempo a los recintos que lo trabajaran”. No obstante, reconoció que el personal estaba orientando a los y las estudiantes sobre el mecanismo de planes de pago.
Ayer, el rector de UPR Mayagüez, Agustín Rullán, anunció en redes sociales que el periodo de pago de matrícula se extendería hasta hoy a las 8:00 a. m.
Ambos presidentes de los Consejos Estudiantiles informaron que mantienen comunicación con otros líderes estudiantiles, y la confusión y la situación de tener que hacer prórrogas ha sido un problema generalizado en todos los recintos.
“Ha sido un proceso bastante abrupto, pues sucedió a raíz de cumplir con la Junta de Control Fiscal, que llevaba tiempo solicitando que las exenciones de matrículas se eliminen en su totalidad. Para que la Junta de Gobierno pudiese cumplir con el mandato de la Junta de Control Fiscal, hizo esta modalidad”, dijo la representante estudiantil subgraduada ante la Junta de Gobierno (JG), Naomy Rivera.
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Señaló, además, que “no hubo un proceso de revisión, no hubo comunicación entre administración central y recintos para evitar que esto suceda”.
Administración defiende el programa
Sin embargo, el vicepresidente de Asuntos Estudiantiles, José Perdomo, aseguró que hubo orientación para implementar la política de ayudas, pero reconoció que los recintos lo han ido implementando de forma independiente. No obstante, indicó que muchos de ellos hicieron ajustes para evaluar si el estudiante es elegible.
“Es una política innovadora que busca beneficiar la mayor cantidad de estudiantes en el sistema”, expresó Perdomo al insistir en que el 80 % de los alumnos no tendrían que pagar. Planteó que fue un proceso que respondió a pedidos de estudiantes y pasó por un proceso de estudios de la Junta de Gobierno. Reconoció que, al ser una política nueva, su implementación está en un proceso de aprendizaje y evaluación.
Para el modelo de ayudas económicas, se destinaron $40.3 millones provenientes de la partida que se destinaba a exenciones junto a otras becas, sin embargo, los fondos de ayudantías y asistentes de cátedra se mantienen separados de esa partida.
En cambio, la presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, Janell Santana, denunció que la política de ayudas trae incertidumbre, pues “estará siempre sujeta a una disponibilidad de fondos. Por tanto ,no es algo seguro”. De hecho, la propia certificación 4 establece que “la Junta de Gobierno, motu proprio o a petición del presidente de la Universidad, podrá enmendar esta política y sus normas”.
