El gobierno de Honduras funciona básicamente como un narcoestado debido a que el actual presidente y mandatarios anteriores han recibido aportaciones de campaña de traficantes de cocaína a cambio de protección, afirmaron fiscales federales estadounidenses.
En un documento de 49 páginas presentado el viernes en el distrito sur de Nueva York se señala al presidente hondureño Juan Orlando Hernández como un co-conspirador que trabajó con su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, y el expresidente Porfirio Lobo “para aprovechar al narcotráfico a fin de consolidar el poder y el control en Honduras”. En el documento se afirma que el presidente y su predecesor “dependieron del dinero del narcotráfico” para financiar campañas políticas y se mencionan “pruebas de corrupción a altos niveles políticos”.
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El documento fue presentado apenas meses después de que otros escritos también entregados ante una corte federal mostraran que el actual presidente y algunos de sus asesores más cercanos figuraban entre los objetivos de una pesquisa de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), lo cual aumenta las dudas en torno a la aseveración del gobierno estadounidense de que Honduras ha contribuido a frenar el flujo de drogas.
Washington mantiene un firme apoyo al gobierno de Hernández, al que ha canalizado millones de dólares en cooperación de seguridad para detener los envíos de cocaína a Estados Unidos desde Sudamérica.
En un comunicado dirigido “a la comunidad nacional e internacional”, la Presidencia de la República de Honduras dijo que el presidente Hernández “niega categóricamente las perversas y falsas acusaciones del traficante de drogas identificado como Alexander Ardón por la cadena Univisión”.
Los fiscales señalan específicamente que Hernández utilizó 1,5 millones de dólares de dinero del narcotráfico para asegurar su llegada a la presidencia en 2013. Ese apoyo de campaña fue entregado en efectivo vía sobornos a autoridades hondureñas, así como en la forma de regalos y favores a políticos locales, según los fiscales. Hernández ganó la reelección en 2017, a pesar de que por ley no podía contender de nuevo por la presidencia y su triunfo suscitó acusaciones generalizadas de fraude electoral.
El documento también hace referencia a diversos pagos por un millón de dólares o más que narcotraficantes hicieron a Lobo.
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Las autoridades hondureñas arrestaron en 2018 a la esposa de Lobo acusada de desviar fondos públicos por un equivalente a 700.000 dólares. En 2017, el hijo de Lobo, Fabio, fue sentenciado en Estados Unidos a 24 años de prisión acusado de tráfico de narcóticos.
Hernández tuvo como mentor a Lobo, quien supervisó su ascenso al poder.
Esos papeles forman parte de los documentos previos al juicio para el caso que se abrirá en septiembre contra Tony Hernández, arrestado en 2018 en Miami bajo los cargos contrabandear miles de kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos”.
Los fiscales describen a Tony Hernández como un “narcotraficante violento que movía toneladas de droga” y tenía considerable influencia en altos funcionarios hondureños, que a cambio le protegían sus envíos y territorios. También afirman que miembros de la Policía Nacional de Honduras escoltaron sus envíos de cocaína por aguas y espacio aéreo del país, mientras Lobo alguna vez desplegó a personal militar en la frontera con Guatemala para impedir que otro narcotraficante invadiera territorio occidental de Honduras.
En al menos dos ocasiones, dijeron los fiscales, Tony Hernández contribuyó al asesinato de narcotraficantes rivales, uno de los cuales fue ejecutado por un efectivo de la policía nacional por encargo suyo. El homicida fue ascendido después a jefe de la policía, según los fiscales.
Tony Hernández ganó en 2014 un escaño en el congreso hondureño, supuestamente para evitar la extradición.
