El posible próximo gobernador de Puerto Rico se defendió el viernes de acusaciones de conflictos de interés que amenazaban con impedir su confirmación y dejar a la isla sumida en la crisis política tras la programada dimisión del actual mandatario, Ricardo Rosselló, anunciada para las 5 de la tarde.
Pedro Pierluisi, exrepresentante de la isla ante el Congreso en Washington, enfrentaba a una veintena de legisladores en la primera de dos audiencias públicas para debatir su designación como secretario de Estado, con lo que asumiría la gobernación de quedar vacante el puesto. En Puerto Rico, el secretario de Estado es un cargo que equivale a vicegobernador.
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Los legisladores y el mismo Pierluisi han expresado el temor de que la incertidumbre política le impida a Puerto Rico obtener fondos federales para recuperarse del devastador huracán María de 2017 y resolver su crisis económica, pero varios legisladores acusaron a Pierluisi de conflicto de interés porque trabajaba para un bufete de abogados que representa a una junta federal supervisora de las finanzas de la isla, un organismo que ha chocado reiteradamente con las autoridades locales al exigir medidas de austeridad.
Pierluisi, cuñado del presidente de la junta, dijo en sus declaraciones iniciales que nadie estaba más capacitado que él para abogar por los puertorriqueños ante la junta o facilitar el proceso que la obligue a partir.
El Congreso federal creó la junta para supervisar la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, de 70.000 millones de dólares.
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Pierluisi dijo que se opone al despido de empleados públicos, la eliminación del aguinaldo, el cierre de escuelas y otras medidas de austeridad exigidas por la junta.
Dijo que apoya las sociedades entre el sector público y el privado y la privatización de la empresa de energía eléctrica.
Cuando los legisladores lo presionaron sobre su trabajo como abogado de la junta, dijo: “Antes fui abogado, ¿y qué? Ese conocimiento es bueno. Va a ser bueno para Puerto Rico”.
La sala estaba atestada de funcionarios y exfuncionarios, ante la inminencia de una posible crisis constitucional si no hay confirmación.
De no haberla, la secretaria de Justicia Wanda Vázquez será gobernadora automáticamente, ya que es la siguiente en la línea de mando. Ha dicho que aceptará el cargo, pero con renuencia.
