Rolando Colón quiere reivindicarse de sus errores del pasado. Como muchas otras personas, quiere encontrar un trabajo y sacar a sus dos hijas adelante.
Sin embargo, carga con el peso del estigma de no ser contratado a causa de su expediente, mientras enfrenta serias situaciones precarias porque una vez fuera de prisión ha hallado trabas para recibir ayudas gubernamentales.
“Estoy corriendo desde los 14 años en las cárceles, desde menor. Estuve primero desde los 14 hasta los 18 y básicamente, cuando salí, eso se corre, y en el área en que uno vive eso se regó y todo el mundo sabía que yo había salido de prisión, aunque no tenía eso en mi expediente, las personas hablan”, relató Colón a Metro.
Colón confiesa que llegó un punto en el que no aguantó más, por lo que hizo cosas “que no tenía que hacer”. Le allanaron su residencia y terminó con una probatoria. “Hay veces que por tener expediente criminal o algo la gente como que nos tira para el lado y pienso que en verdad no está bien”, sostuvo el joven.
“Cuando uno está en la calle haciendo cosas que no tiene que hacer el dinero es fácil, pero uno se siente mal comoquiera, y cuando llegaba a casa decía ‘tengo dinero, pero es dinero sucio’ pero quiero ser mejor persona”, señaló Colón, quien aspira a tener su casa propia y echar adelante.
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Recordó que incluso llegó a perder las ganas de vivir pues “quería meter mano y no me ayudaban y no me ayudaban, iba a entrevistas y nada y nada”. Es entonces cuando comenzó a buscar ayudas y se topó con el programa Re-entry, y su vida cambió.
Colón es uno de los 55 participantes del programa, que forma parte de la entidad PathStone, que ofrece servicios a jóvenes de 18 a 24 años que han tenido algún tipo de contacto con la justicia en el área judicial de Bayamón, que incluye 10 municipios: Vega Alta, Vega Baja, Toa Alta, Toa Baja, Cataño, Dorado, Corozal, Naranjito, Guaynabo y Bayamón.
Según Iris Colón, coordinadora de Re-Entry, a los participantes se le proveen servicios de estudios de cuarto año, oportunidades de empleo y adiestramientos completamente gratis.
Actualmente están en proceso de reclutamiento, ya que tienen espacio para 142 jóvenes, mediante $1.1 millones en fondos federales.
Como parte del programa, el patrono debe estar dispuesto a emplear al joven de forma permanente, pagar desde el mínimo federal por al menos 32 horas semanales. La portavoz del programa explicó que, a cambio, además de certificar a los jóvenes con alguna licencia, la entidad paga hasta el 50% del salario durante las primeras ocho semanas.
“Sinceramente, (lo que buscamos) es que nos den una oportunidad porque ellos nos ayudan mucho, hasta comida y ropa. Lo que necesitamos realmente es personas que tengan el poder de emplear personas que hayan tenido expediente criminal y darnos una segunda oportunidad”, dijo el joven Colón.
Dentro de los ofrecimientos del programa, que inició en octubre, se proveen servicios de emergencias, además de brindarles compras, ropa, pago de gasolina, entre otros. Incluso, reciben apoyo emocional. “El fin del programa es darle las herramientas necesarias a ellos para que, una vez se empleen, sigan solos”, explicó Karina Berlingieri, coordinadora de capacitación y empleo.
A los que elijan estudiar, se les pagan los materiales y el exceso de matrícula que no cubra la beca, y en caso de que deseen trabajar, los preparan y llevan a las entrevistas de empleo y, una vez se contratados, si le solicitan materiales de trabajo, el programa lo costea. Además, se les da seguimiento por un año para monitorear si continúa el empleo. De ser cesanteados, la entidad los reubica en otro trabajo. “Estas cosas las hacemos por el bienestar de los participantes, porque ellos una vez salen de la cárcel se encuentran con el problema y la situación de que no tienen donde vivir, no tienen comida, no tienen ropa, ni nadie que les ayude porque muchos no tienen familias”, expuso la coordinadora Colón.
Afirmó que “a estos muchachos les han cerrado la puerta tantas veces que cuando alguien les da una segunda oportunidad las probabilidades de que te fallen son mínimas porque valoran esa oportunidad que te han dado”.
Uno de los objetivos del programa es disminuir la reincidencia a la cárcel.
Prohibición en vivienda pública
De acuerdo con ambas portavoces, una de las trabas que encuentran en la reinserción social de las personas que han salido de prisión es que en Vivienda Pública se prohíbe que el titular de la residencia tenga antecedentes penales, lo que los deja desprovistos de un lugar para vivir. Esto, a su vez, provoca que no cualifiquen para el PAN.