El presidente del Colegio de Abogados, Edgardo Manuel Román Espada, exigió a la secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez Garced, que refiera a la oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) los informes que imputan delitos al renunciante gobernador, Ricardo Rosselló Nevares y los demás funcionarios involucrados en el chat de Telegram.
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“Comparecimos oportunamente ante el país con un informe elaborado por destacados juristas, en el que se concluyó que existe causa para la destitución del gobernador, tal como lo validó la comisión especial nombrada por el presidente de la Cámara de Representantes”, dijo Román Espada en declaraciones escritas.
Pasadas las 11:30 de la noche del miércoles, Rosselló Nevares anunció que comenzó un proceso de transición ordenada que culmina el viernes, 2 de agosto a las 5:00 de la tarde con su renuncia al cargo. Precisamente, Vázquez Garced expresó que “llegado el día, cuando se haga efectiva su renuncia, de ser necesario, asumiré la encomienda histórica que nos impone la Constitución”.
Román Espada reconoció la valentía y militancia del pueblo como factores decisivos en la renuncia del mandatario al cargo de gobernador, y reiteró su compromiso con el país para continuar esta lucha colectiva con el fin de lograr otros objetivos comunes, como la auditoría de la deuda, la salida de la Junta de Control Fiscal (JCF) y la Asamblea Constituyente.
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Por otro lado, distinguió el trabajo del Cuerpo de Observadores y Negociadores del CAAPR por su defensa de los derechos civiles, y de los grupos de defensa legal de las personas que resultaron detenidas por la Policía.
“Si bien resultan vergonzosas las expresiones y actuaciones de muchos personajes allegados a Rosselló Nevares nos llena de orgullo atestiguar la combatividad de un Pueblo unido e indignado, y en especial, el rol activo demostrado por nuestra juventud, que augura con optimismo un país más justo”, resaltó Román Espada.
El jurista, además, instó a las autoridades pertinentes a detener toda represión contra manifestantes y tomar acción sobre las denuncias de violaciones de derechos civiles; desde arrestos sin causa, palizas a detenidos, uso excesivo de fuerza, uso inadecuado y arbitrario de gases tóxicos, balas de goma y similares, carpeteo, amenazas, así como el intento de controlar los espacios públicos de la protesta.
