Ante un posible inicio de un proceso de residenciamiento, resulta imprescindible no confundir un juicio político con un proceso criminal, dijo Julio Fontanet, expresidente del Colegio de Abogados y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.
“Se trata de un juicio político y no es un juicio penal ordinario. Eso no significa que… el gobernador, esté carente o desprovisto de derechos. Va a tener derechos básicos, como el debido proceso de ley y aquellos derechos que la Cámara y el Senado le reconozca durante el proceso”, sostuvo el letrado. El también profesor utilizó como ejemplo el juicio político en contra del exgobernador de Illinois, Rod Blagojevich, quien fue residenciado en 2009 tras ser arrestado por corrupción. En ese proceso, recordó, los cuerpos legislativos le proveyeron derecho a tener un abogado, ser escuchado y presentar evidencia.
El decano señaló que lo fundamental es la intención del residenciamiento: y es que “el pueblo perdió la confianza en el gobernante”.
Fontanet también detalló que no es necesario que exista una investigación criminal en contra del gobernante en cuestión. Aclaró, además, que la presunción de inocencia aplica de manera distinta que en un proceso criminal.
“Aquí la determinación de culpabilidad va a estar basada en una valoración de conciencia que haga cada legislador de la prueba”, indicó.
Además, descartó que los legisladores se vean impedidos de realizar comentarios públicamente en torno a un juicio político, como alegó erróneamente María Milagros Charbonier. “Lo importante es que, al momento de valorar la prueba, lo haga de manera objetiva y evalúe a conciencia la prueba. Aquí no hay mociones de inhibición (si) uno ya ha hecho unas expresiones previamente”, aseguró.