La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez informó el jueves que, un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico presentó una acusación contra 14 personas por supuestas violaciones de armas de fuego y tráfico de drogas.
Explicó que la acusación formal alega que entre mayo y noviembre de 2018 aproximadamente, la organización distribuyó cocaína, crack, heroína y marihuana, todo dentro de los bienes inmuebles que conforman el Residencial Villa Evangelina ubicado en el Municipio de Manatí.
Los 14 acusados se enfrentan a un cargo de conspiración para poseer armas de fuego en la promoción de un delito de narcotráfico y un cargo de posesión de armas de fuego en la promoción de un delito de narcotráfico, ayudando e instigando.
Los acusados son: Luis Ortega-Lugo, a.k.a. “Chembo”; Jeyro Ayala-Crespo, a.k.a. “Jero”; José Tobar-Otero, a.k.a. “Joe El Visco”; Josué Arroyo-Ayala, a.k.a. “Deiby Arroyo / George”; Jessie Rodríguez-Lugo, a.k.a. “Chiky”; Xavier Rivera-Santiago, a.k.a. “Payco”; José Antonio Flores Torres, a.k.a. “Chory”; Adalberto Quiles-Negrón, a.k.a. “El Berto”; Luis Esteban Alonso-Rivera, a.k.a. “El Mellao”; Juan Laureano-Miranda, a.k.a. “Juanchy”; Kelvin Rivera-Morales; Jan Paul Quiñonez-Mujica, a.k.a. “Menor”; Xavier Robles, a.k.a. “Vampi”; y Jeremi Torres-Rosario.
Investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Control de Aduanas está a cargo de la investigación, con la colaboración de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Oficina Federal de Investigaciones, el Departamento de Policía de Puerto Rico (PRPD), Arecibo Strike Fuerza, y la Oficina de Investigaciones Especiales de Puerto Rico. Este caso es parte de la iniciativa Proyecto Vecindarios Seguros del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Los siguientes acusados enfrentan cada uno un cargo de posesión de un arma de fuego por parte de una persona prohibida (criminal): Luis Ortega-Lugo, José Tobar-Otero, Josué Arroyo-Ayala, Jessie Rodríguez-Lugo, Xavier Rivera-Santiago, José Antonio Flores – Torres, Adalberto Quiles-Negrón, y Luis Esteban Alonso-Rivera.
La fiscal federal sostuvo que estas personas, supuestamente, sabiendo que habían sido declaradas culpables de un delito punible con prisión por un término superior a un año, en varias fechas, poseían a sabiendas armas de fuego de diversas marcas y modelos; dichas armas de fuego fueron enviadas y transportadas en el comercio interestatal, en violación de los artículos 18 U.S.C. §§ 922 (g) (1) y 924 (a) (2).
Los fiscales federales adjuntos, David Henek y Richard Passanisi, están a cargo de la persecución del caso.
Si son condenados, los acusados enfrentan una sentencia mínima de 5 años y hasta cadena perpetua.
Este caso es parte del Proyecto Vecindarios Seguros (PSN), un programa federal diseñado para reunir a todos los niveles de las fuerzas del orden público y las comunidades a las que sirven para reducir los delitos violentos y hacer que nuestros vecindarios sean más seguros para todos.