El Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA en inglés) hizo varias recomendaciones el miércoles a la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ante la crisis gubernamental en Puerto Rico, que incluyen pedidos de renuncia al gobernador, Ricardo Rosselló Nevares.
“Este escándalo brinda la oportunidad de poner finalmente en orden la casa de la AEE, sin interferencia política. Es una oportunidad que no se debe desperdiciar”, indicaron en un escrito Cathy Kunkel analista de energía y Tom Sanzillo, director de finanzas de IEEFA.
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Agregaron que “si la Junta de Control Fiscal (JCF), el gobernador y la juez de quiebras de Puerto Rico se toman en serio la restauración de la imagen de Puerto Rico que se ha visto seriamente empañada por los recientes escándalos, deben tomar las siguientes medidas con respecto a la AEE”.
Recomendaron una revisión independiente del proceso para la concesión del sistema de transmisión y distribución de la AEE para determinar si alguna información del gobierno se compartió de manera inapropiada con uno o más postores y si se han realizado contribuciones a la campaña relacionadas con este contrato, como lo indica el contenido de chat publicado recientemente.
Asimismo, recomendaron una revisión independiente de todos los demás contratos importantes de la AEE para la generación de energía que se han firmado recientemente o están en las obras, incluidos los contratos para la conversión de gas natural de la central eléctrica de San Juan a la pequeña e inexperta empresa New Fortress Energy y el recientemente anunciado Proceso de contratación para una nueva planta de gas natural en Palo Seco.
De otra parte, los analistas sugirieron una revisión independiente de las auditorías financieras de BDO para la AEE. Suspender el proceso de reestructuración de la deuda de la AEE hasta que se complete esta revisión, a fin de brindar una imagen precisa de la situación financiera real de la corporación pública.
Además, recomendaron el establecimiento inmediato de un Inspector General Independiente del Sector Privado (IPSIG) en la AEE para proporcionar informes sobre el terreno a la JCF, la Legislatura, el Congreso de los Estados Unidos y el tribunal de quiebras para supervisar las reformas administrativas de la AEE y eliminar el desperdicio, el fraude y el abuso.
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Estas recomendaciones se desprenden de un escrito divulgado en el portal de IEEFA.
Las mismas surgen ante los recientes casos de corrupción que son procesados en la esfera federal y por la controversia generada por la divulgación de una conversación en la aplicación Telegram en la que participaba el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares y varios funcionarios y exfuncionarios de su administración.
Según los analistas, en el “chat” se hacen alusiones a posible actividad corrupta en el proceso de contratación del sistema de transmisión y distribución de la AEE.
Señalaron que si bien hasta ahora no se ha implicado a ningún funcionario de la AEE, el escándalo de los mensajes del “chat” forzó la salida de un funcionario con vínculos importantes en la corporación pública: Christian Sobrino, quien era miembro de la junta de la AEE, así como representante del gobernador ante la JCF y director ejecutivo de la Agencia Fiscal y Autoridad de Asesoría Financiera (AFAAF), que asesora a la AEE.
“Además, uno de los arrestados en la investigación del Negociado Federal de Investigaciones (FBI en inglés) era el director gerente de la firma de contabilidad BDO Puerto Rico. En los últimos dos años, BDO ha acumulado 2.6 millones de dólares en contratos con la AEE para brindar servicios de consultoría y auditoría financiera. BDO auditó los estados financieros de la AEE para el año fiscal 2016, que no se dieron a conocer hasta diciembre de 2018. Para el año fiscal 2019, la AEE contrató a BDO para preparar informes financieros mensuales, analizar el presupuesto y el sistema de cuentas de la AEE, elaborar informes de presupuesto y contabilidad y otras tareas”, alegaron los analistas.
“Estos pasos son críticos para la presentación precisa de la situación financiera actual de la AEE, que subyace a las declaraciones hechas ante la JCF, a los oferentes en el proceso de privatización de la AEE y al tribunal de quiebras con respecto a la reestructuración de la deuda de la AEE”, finalizaron.
