Trabajadores Sociales de Puerto Rico piden renuncia del Gobernador

Afirman que los profesionales del Trabajo Social están comprometidos con facilitar la participación de grupos y sectores sociales oprimidos en el ejercicio de su ciudadanía, sin imponer sus criterios o creencias

Por Metro PR

El Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR) reiteró hoy su reclamo para que el Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló Nevares, respete la dignidad del pueblo y asuma su responsabilidad renunciando a su cargo inmediatamente.

“Los principios de nuestra profesión nos exigen una respuesta ética decisiva y contundente ante la crisis de gobernabilidad que enfrenta el país y el agravio a nuestra dignidad como pueblo cuando es el propio Gobernador y su círculo íntimo de colaboradores quienes expresan, en el ámbito de lo que piensan que es privado, su verdadero SER, sentir y pensar. Los insultos y las expresiones sexistas, racistas y homofóbicas, así como la discusión de acciones que pudieran implicar la recopilación ilegal de información personal, el discrimen político-partidista, la intervención e influencia indebida en las operaciones gubernamentales, la incitación a la violencia, la malversación de fondos públicos y el enriquecimiento ilícito, no pueden subsanarse con un mero reconocimiento de un error al “liberar tensiones” y una solicitud de disculpas. Solo se subsanan asumiendo con valentía la irremediable necesidad de su renuncia”, manifestó la presidenta del CPTSPR, Mabel López.

Según establece el Código de Ética (2017) del CPTSPR, la dignidad humana implica el reconocimiento de que los seres humanos nacen libres, y son iguales en derechos que les son inalienables. La dignidad humana es fundamento de la libertad, la justicia, la paz, y razón por la cual procuramos solidarizarnos con los sectores oprimidos, marginados y excluidos para promover la construcción de nuevas estructuras sociopolíticas más solidarias, inclusivas y justas.

Por esto, López afirmó que los profesionales del Trabajo Social están comprometidos con facilitar la participación de grupos y sectores sociales oprimidos en el ejercicio de su ciudadanía, sin imponer sus criterios o creencias. Asimismo, indicó que es menester del cuerpo legislativo asumir su responsabilidad de investigar y comenzar los procesos de residenciamiento.

“El pueblo de Puerto Rico vive un momento de crisis y de violencia institucional que requiere una profunda renovación de nuestra estructura política y económica, y un alto sentido de integridad y valentía, inclusive del propio pueblo. Ni la Junta de Control Fiscal, con la imposición de medidas que socavan el bienestar y los derechos de las familias trabajadoras y de los sectores más marginados y oprimidos de la sociedad, ni los partidos políticos que gobiernan montados sobre una maquinaria de corrupción, deben afrontarse con la inacción, la conformidad o la indiferencia, sino con la acción proactiva, la desobediencia civil pacífica y la realización de que en la unión del pueblo está la fuerza para cambiar nuestra realidad y acabar con la corrupción, la inequidad, el abuso y la violencia”, sostuvo.

 

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