El Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR) reiteró hoy su reclamo para que el Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló Nevares, respete la dignidad del pueblo y asuma su responsabilidad renunciando a su cargo inmediatamente.
“Los principios de nuestra profesión nos exigen una respuesta ética decisiva y contundente ante la crisis de gobernabilidad que enfrenta el país y el agravio a nuestra dignidad como pueblo cuando es el propio Gobernador y su círculo íntimo de colaboradores quienes expresan, en el ámbito de lo que piensan que es privado, su verdadero SER, sentir y pensar. Los insultos y las expresiones sexistas, racistas y homofóbicas, así como la discusión de acciones que pudieran implicar la recopilación ilegal de información personal, el discrimen político-partidista, la intervención e influencia indebida en las operaciones gubernamentales, la incitación a la violencia, la malversación de fondos públicos y el enriquecimiento ilícito, no pueden subsanarse con un mero reconocimiento de un error al “liberar tensiones” y una solicitud de disculpas. Solo se subsanan asumiendo con valentía la irremediable necesidad de su renuncia”, manifestó la presidenta del CPTSPR, Mabel López.
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Según establece el Código de Ética (2017) del CPTSPR, la dignidad humana implica el reconocimiento de que los seres humanos nacen libres, y son iguales en derechos que les son inalienables. La dignidad humana es fundamento de la libertad, la justicia, la paz, y razón por la cual procuramos solidarizarnos con los sectores oprimidos, marginados y excluidos para promover la construcción de nuevas estructuras sociopolíticas más solidarias, inclusivas y justas.
Por esto, López afirmó que los profesionales del Trabajo Social están comprometidos con facilitar la participación de grupos y sectores sociales oprimidos en el ejercicio de su ciudadanía, sin imponer sus criterios o creencias. Asimismo, indicó que es menester del cuerpo legislativo asumir su responsabilidad de investigar y comenzar los procesos de residenciamiento.
“El pueblo de Puerto Rico vive un momento de crisis y de violencia institucional que requiere una profunda renovación de nuestra estructura política y económica, y un alto sentido de integridad y valentía, inclusive del propio pueblo. Ni la Junta de Control Fiscal, con la imposición de medidas que socavan el bienestar y los derechos de las familias trabajadoras y de los sectores más marginados y oprimidos de la sociedad, ni los partidos políticos que gobiernan montados sobre una maquinaria de corrupción, deben afrontarse con la inacción, la conformidad o la indiferencia, sino con la acción proactiva, la desobediencia civil pacífica y la realización de que en la unión del pueblo está la fuerza para cambiar nuestra realidad y acabar con la corrupción, la inequidad, el abuso y la violencia”, sostuvo.
