La viabilidad de que ciudadanos demanden al Gobierno a raíz de las expresiones reveladas a lo largo de la pasada semana en el chat de Telegram, que mantenía el gobernador Ricardo Rosselló Nevares con sus más cercanos colaboradores, es un escenario que, si bien es legalmente posible, enfrenta el obstáculo que representa la Ley Promesa, que dispone una paralización de los procesos incoados contra el Estado.
A juicio de la abogada Judith Berkan, muchas de las expresiones realizadas en el chat por el primer ejecutivo y su círculo cercano contra miembros de la oposición política, periodistas y figuras del mundo del espectáculo pudieran dar base a reclamaciones de daños por difamación o distintos tipos de discrimen, tanto en el tribunal federal como el estatal.
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“Esto tiene una gama de posibilidades, unos directamente de discrimen político, pero también puede haber acciones que respondan a la visión de los participantes (del chat) en términos de género, de orientación sexual o de condiciones físicas, como la obesidad mórbida. El issue, en cualquier caso que se llevara, es atar las expresiones con acciones directas”, explicó la licenciada.
A lo largo de las 889 páginas del chat, son frecuentes los insultos y burlas de distinta índole a figuras que difieren de la visión ideológica de la administración gubernamental, tales como el cantante Ricky Martin y los senadores Juan Dalmau y Eduardo Bhatia.
Debido a la incertidumbre que rodea las potenciales acciones legales que tomarían los implicados, dijo Berkan, es “imposible” calcular la magnitud de las reclamaciones que se presentarían.
“Depende de los daños que hayan sufrido las diferentes personas. Por ejemplo, si hay referencias a la esposa de Dalmau, en las que se especula si podrían lograr el despido de ella por su visión política, eso de por sí sería discrimen político. Ahora, si no lo hicieron (despedirla) puede que no haya un caso de daños como tal, porque no tuvo pérdida de ingresos, no tuvo sufrimiento directo en términos psicológicos y es algo que puede debilitar el caso”, sostuvo la abogada en entrevista con Metro, al agregar que todavía se menciona la posibilidad de que salgan a la luz conversaciones en otros chats gubernamentales, que pudieran contener información relevante para la potencial radicación de demandas.
La esposa del senador independentista, Griselle Morales, se desempeña como directora de la división legal de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, y en el chat el exasesor de comunicaciones de Rosselló Nevares, Carlos Bermúdez, plantea la posibilidad de reemplazarla por alguien afín al Partido Nuevo Progresista.
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Dificultades de acceso
La licenciada Berkan se manifestó preocupada ante los impedimentos que enfrentan actualmente los ciudadanos para reclamar remedios por acciones del Estado ante la paralización de demandas que impone la Ley Promesa bajo su Título III.
“En este momento la viabilidad de demandas contra el Estado está sumamente limitada, por Promesa y la Ley 66 (de Sostenibilidad Fiscal de 2014), de Alejandro García Padilla, que básicamente dice que no se van a pagar la mayoría de las sentencias. No es solamente la paralización, sino la distribución de los dineros una vez se obtenga la sentencia (favorable al demandante)”, expuso Berkan.
“Me preocupa cómo la situación actual demuestra que haya gente en el poder que están violando los derechos constitucionales, humanos y civiles de las personas, pero no hay en este momento remedios efectivos de acceso a los tribunales”, subrayó la letrada.
