Colegio de Abogados encomienda informe sobre residenciamiento contra el gobernador

Tras la divulgación del contenido de las conversaciones entre Rosselló y altos funcionarios

Por Metro Puerto Rico

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico encomendó un informe y memorando de derecho sobre las bases jurídicas para el residenciamiento del gobernador Ricardo Rosselló.

De acuerdo con un comunicado de prensa, el organismo, durante una reunión celebrada ayer, repudió y censuró enérgicamente al mandatario y a todos los funcionarios, exfuncionarios y contratistas involucrados en las expresiones contenidas en un chat que utilizaban para adelantar la gestión gubernamental, y el cual fue divulgado  hoy en su totalidad.

Asimismo, manifestaron indignación y preocupación con los arrestos y acusaciones por corrupción de altos funcionarios y contratistas del gobierno.

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“Los eventos que llevaron a la presentación de estos cargos criminales, donde se defraudó al estudiantado del País y perjudicó los servicios médicos dirigidos a la población más vulnerable, y el contenido de las conversaciones del chat denotan una incapacidad de estos funcionarios para dirigir los destinos del País”, señaló el presidente del CAAPR, Edgardo M. Román Espada.

“Estas actuaciones denotan una grave insensibilidad y falta de compromiso de servicio para con las poblaciones más vulnerables y discriminadas que representan las grandes minorías del País: las mujeres, la niñez, la comunidad LGBTTQI, las víctimas fatales del huracán María, la población médico indigente, entre otros", añadió.

Según la entidad, la determinación tomada ayer por la Junta responde al llamado de la institución de velar por los mejores intereses de Puerto Rico y la protección de los más altos valores de justicia, ante el debate que se ha suscitado sobre la permanencia del gobernador en su posición electa.

“La Constitución de Puerto Rico establece un mecanismo mediante el cual las estructuras democráticas permiten acusar y enjuiciar al gobernador con el fin de destituirle del cargo. Esto ocurre en instancias en que un gobernador cometa traición al País, delitos graves o menos graves que impliquen depravación moral”, explicó Román Espada.

El informe estará listo en los próximos cinco días y será compartido con el País.

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