Un periodista es un testigo de la historia que debe tener su mirada afinada y bien puesta en todo lo que sucede a su alrededor. No es una mirada pasiva para registrar solamente un discurso oficial, sino, más bien, una que se cuestiona constantemente qué hay más allá y cuál es la verdad en función del bienestar colectivo, como parte de una sociedad más justa y democrática.
Hace dos años, comenzamos a trabajar en Metro varias historias investigativas sobre el Departamento de Educación, en búsqueda de respuestas sobre el uso de millones de dólares que debían ser destinados a nuestra mejor inversión social y mejor herramienta de desarrollo económico: la educación.
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Ya habían pasado dos meses del azote del huracán María a Puerto Rico, pero algo sucedía con las escuelas, que no se movía el proceso para reabrirlas. Ante una investigación de Metro, se canceló un contrato millonario para una firma de consultores externos. Sin embargo, aquello era solo el inicio del escrutinio periodístico sobre la agencia que dirigía Julia Keleher, una figura muy poco fiscalizada hasta entonces.
La segunda investigación de Metro sobre Educación en este cuatrienio inició con una historia de la periodista que firma esta columna y daba cuenta sobre un contrato por casi $17 millones para retomar el programa Tus Valores Cuentan. La cifra de la contratación fijó nuestra mirada en el asunto, pues eran muchos millones en poco tiempo adjudicados sin proceso de competencia. Las respuestas de la entonces secretaria/contratista solo abonaron a más cuestionamientos. Dos meses más tarde, el contrato se canceló.
Luego, nuestro equipo de periodistas sacó a la luz pública que Keleher había montado una estructura paralela al equipo de confianza del secretariado mediante la contratación de una batería de asesores externos. Millones de dólares en contratos a asesores que incluían a la firma BDO. Así mismo, se sumaron historias como el modelo desarrollado por Keleher con figuras del sector privado para, mediante una fundación, pagar por sus ayudantes y un grupo de “mentores” que cobrarían más de $200 mil en fondos privados para desempeñar funciones públicas. Ella misma intentó duplicar su salario mediante ese mecanismo y, aunque lo negó, el tiempo confirmó el trabajo periodístico. También reportamos sobre negociaciones para remodelar la sede de Educación y el préstamo de un espacio de oficinas por parte del mismo arrendador con quien aún negociaba. Además del contrato a BDO, el de las hermanas Ponce fue reportado por los periodistas de Metro.
Todo este trabajo periodístico se dio a la par de coberturas sobre el traumático manejo del cierre de escuelas y su accidentada relación con el magisterio.
A nuestra mirada más allá de lo aparente y del discurso oficial, la respuesta fue cerrar el acceso a la información, tratar de minar nuestra credibilidad y atacar el taller periodístico. Aunque muchas veces es difícil, en nuestra condición humana, entender la exposición crítica, los gobernantes —en general— deben ser más receptivos a evaluar la fiscalización del periodista para tomar acciones correctivas a tiempo. Al final del día, Gobiernos van y vienen, mientras la prensa permanece vigilante a quienes ostentan el batón del poder.
