A tres meses de que el actual Gobierno tomara el poder en 2017, el consultor de la firma BDO, Alberto Velázquez Piñol, ya facturaba miles de dólares provenientes de fondos federales gracias a comisiones que ganaba por conseguirle contratos a la empresa, según las autoridades federales, con la bendición de la exsecretaria del Departamento de Educación (DE) Julia Keleher y la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila.
Ayer, la fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez, presentó en conferencia de prensa las acusaciones que llevaron al arresto de Velázquez Piñol, Keleher y Ávila, así como a otros tres imputados: el presidente de BDO, Fernando Scherrer; la asistente especial de Keleher, Glenda Ponce Mendoza, y su hermana, Mayra Ponce Mendoza.
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“Es una pena que veamos este esquema, uno detrás del otro… Da vergüenza”, declaró antes de insistir, sin detalles, en que la investigación continúa.
Primer esquema: las hermanas Ponce y un RFP amañado
Aunque Glenda Ponce Mendoza no obtuvo un contrato con el DE hasta marzo de 2017, desde enero ya se presentaba como asistente especial de Keleher. El acuerdo estaría vigente hasta junio 30 del mismo año, lo que quiere decir que la cantidad asignada correspondía a tres meses de labores y un promedio de $70 la hora, pero el problema no fueron esos números.
Otra Ponce Mendoza entró en escena: Mayra. Mayra Ponce es hermana de la “ayudante especial” de Keleher e incorporadora de la firma Colón & Ponce. A nombre de esa empresa envió en marzo de 2017 una propuesta para rendir servicios que nunca fueron requeridos, según surge del pliego acusatorio.
Pero Keleher “instruyó” a la Oficina de Asuntos Federales a que otorgaran el contrato con el único obstáculo de que tendrían que establecer un proceso de competencia, y así lo hicieron a través de una solicitud de propuestas en la que participaron otras seis empresas.
El 23 de mayo de 2017, Keleher recibió una llamada de la Oficina de Manejo de Riesgos del DE federal para “recordarle” su rol de cumplir con las regulaciones al hacer contratos, haciendo referencia directa a Colón & Ponce.
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Aún ante este panorama, con acceso a información privilegiada, con la asesoría de Keleher & Associates para enmendar su propuesta de manera que integrara la experiencia de Glenda Ponce en el documento, pero sin divulgar quién era, y con el mismo DE subrayando que fue “la única firma que no cumplió con los requisitos y el peor solicitante”, se le otorgó el contrato en junio de 2017, gracias a la presión de Keleher.
Además, se enmendó el monto de $43,550 a $$95,000. Luego, se intentó sin éxito aumentarlo a $455,100.
Con el incremento, acordaron que Colón & Ponce pagarían el sueldo de una persona que no tenía nada que ver con la firma y que estaría trabajando como ayudante especial de la titular de Educación, María Estela Cesteros, quien fuera directora de campaña del candidato independiente a la gobernación en 2016, Manuel Cidre. El mismo empresario confirmó que, como leen las acusaciones, envió el resumé de Cesteros a Keleher a inicios de cuatrienio.
Segundo esquema: tentáculos de BDO en Educación
Velázquez Piñol recibía, según las acusaciones, un 10 % de los contratos que lograba obtener para BDO gracias a sus influencias en Educación. Esta compensación iba en contra de los mismos acuerdos que específicamente prohibían la subcontratación de empresas o servicios y el pago a cabilderos. Sin embargo, fue de esta manera que recibió indebidamente $219,000.
Una mirada a las acusaciones muestra que Velázquez Piñol no solo consiguió contratos de cifras millonarias, sino que también logró enmendar contratos vigentes y aumentar las facturas.
“Jefes del Gobierno les permitían a personas ajenas a la agencia dar órdenes a jefes de departamentos… Jefes del Gobierno usaban cuentas de correo electrónico personales para llevar a cabo trabajos del Gobierno y le ordenaron a sus empleados (hacer lo propio). Empleados de Gobierno utilizaron aplicaciones de mensajería, como Telegram para llevar a cabo trabajos oficiales. Como sabemos, Telegram es una aplicación de mensajería con capacidad para cifrar y autodestruir los mensajes”, expresó la fiscal federal.
Tercer esquema: “Este es el contrato que vamos a reemplazar”
La exdirectora de ASES le concedió a Velázquez Piñol información interna sobre contratos, balances, costos y copias de los acuerdos, entre otros detalles y terminó cancelando dos contratos para otorgarlos a BDO.
El esquema es similar al anterior, con un 10 % de comisión para Velázquez Piñol por conseguir contratos que no permitían pagar a cabilderos y subcontratar servicios.
“En esta conspiración para desviar fondos del Gobierno, BDO utilizó la influencia que tenía Velázquez Piñol sobre Ávila para someter propuestas y obtener contratos con un valor en exceso de 2.5 millones en ASES, pagados con fondos federales”, afirmó Rodríguez.
“Al pagar comisiones no autorizadas, el costo de contratos gubernamentales era innecesariamente alto”, leen los documentos.
Lavado de dinero
Tanto Velázquez Piñol como Scherrer, enfrentan cargos por lavado de dinero, puesto que usaron una tercera entidad, la empresa Azur, para tramitar los pagos de las comisiones.
La compañía fue creada por Velázquez Piñol, su dueño, presidente, vicepresidente, secretario y subsecretario.
Scherrer renunció anoche a todos los cargos que ocupaba en BDO.
