Así fue como hicieron fiesta en Educación con fondos federales según las autoridades

A continuación se describe el primero de tres esquemas de corrupción por los que arrestaron a la exsecretaria de Educación Julia Keleher y otros cinco funcionarios y contratistas.

Por Metro Puerto Rico

Entre favores y favoritismo, el contratista Alberto Velázquez Piñol, consultor de la empresa BDO, presuntamente se echó al bolsillo alrededor de $1 millón en comisiones pagadas con fondos federales canalizados a través del Departamento de Educación y  la Administración de Seguros de Salud (ASES), con el favor de la exsecretaria Juila Keleher y la exdirectora de ASES, Ángela Ávila.

La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez, desglosó esta mañana frente a la prensa los cargos que enfrentarán Velázquez Piñol, Keleher,  Ávila, y otros tres arrestados: el presidente de BDO, Fernando Schrerrer, la asistente especial de Keleher, Glenda Ponce Mendoza, y su hermana Mayra Ponce Mendoza, quien también se benefició con contratos a su compañía consultora Colón & Ponce.

“Es una pena que veamos este tipo de esquema, una vez detrás de otra", dijo la fiscal federal, antes de insistir en que  la investigación continuará.

En síntesis, la controversia se concerta en un mismo pliego acusatorio que cuyos delitos incluyen lavado de dinero, robo, conspiración, conspiración para lavar dinero y fraude electrónico. Cada cargo implicaría entre cinco y 20 años de prisión, dijo Rodríguez.

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El primer esquema: la bendición de Keleher

El primero de tres esquemas involucra a Velázquez Piñol y a Glenda A. Ponce Mendoza, esta última inició labores en el DE en enero de 2017, presentada como asistente especial de Keleher, aunque entonces no era una empleada de la agencia ni tenía contrato alguno.

No fue hasta marzo de 2017 que Ponce Mendoza obtuvo un contrato oficial por servicios profesionales por $30,800. El acuerdo estaría vigente hasta junio 30 del mismo año, lo que quiere decir que la cantidad asignada correspondía a tres meses de labores y un promedio de $70 la hora, pero el problema no fueron esos números.

Otra Ponce Mendoza entró en escena; Mayra. Mayra Ponce es hermana de la "ayudante especial" de Keleher y quien incorporó la firma Colón & Ponce que a su vez recibió un contrato de $43,550 gracias a que la secretaria ordenó que se les otorgara, según la fiscal federal y así consta en el pliego acusatorio. Todo con fondos federales.

Hasta hubo una solicitud de propuesta (RFP, en inglés) para que otras compañías participaran. Siete presentaron sus documentos, incluyendo a Colón & Ponce. Después de algunas enmiendas a a la solicitud, una persona identificada como "Individuo A"  instruyó a Glenda Ponce sobre cómo ajustar su propuesta a las enmiendas, y sugirió que agregara su experiencia laboral sin divulgar que era ella.

Esto ocurrió el 24 de mayo y ya el 25 se les había otorgado el contrato, a pesar de que la persona encargada de los procesos para otorgación de fondos en la agencia dijera que Colón & Ponce fueron "la única firma que no cumplió con los requisitos y el peor solicitante". Así mismo lee el pliego acusatorio.

En resumidas cuentas, se otorgó el contrato, se enmendó para ampliar la cantidad a $98,350 (un aumento de $54,800). De hecho, intentaron sin éxito aumentar el contrato a $455,100.

Manuel Cidre sugiere empleada que terminaron guisando

La controversia incluye a otros protagonistas: un candidato a la Gobernación del 2016 (Individuo D) que envió a Keleher el resumé de quien fuera su director de campaña (Individuo E). Indivuduo E es mujer. Rodríguez no dio más detalles, pero así se desprende del pliego acusatorio.

Directo y al grano: el entonces candidato independiente Manuel Cidre confirmó este medio que las actuaciones descritas en el pliego acusatorio coinciden con las suyas.

¿Qué tiene que ver? Vía correo electrónico envió a a Keleher el resumé de su exdirectora de campaña Marie Estela Cesteros (Individuo E), a quien entrevistaron las autoridades federales. "En agosto de 2017 Keleher supo que no era factible designar a la Individuo E como una empleada de gobierno", leen los documentos.

Así que acordaron que Colón & Ponce pagaría su salario, con los fondos federales para los que ganó la propuesta. Es decir, se pagaba a un "empleado" de la agencia a través de una compañía externa que había obtenido un contrato pagado con fondos federales.

Con los $54,800 que se añadieron al contrato de Colón & Ponce, se le pagó a la "Individuo A" un total de $15,617.40 desde enero a abril de 2018.

Además, Glenda Ponce, ayudante de Keleher, recibió pagos de Colón & Ponce de alrededor de $16,425 más cerca de $834 por gastos.  Y todo con fondos federales.

Al "individuo E"  también se le dio correo electrónico e identificación de la agencia en momentos en que no era empleada, ni contratista, y usó ese email para enviar comunicaciones a funcionarios de Gobierno en las que se presentaba como " ayudante especial".

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