El abogado ambientalista Pedro Saadé Llorens catalogó como un atropello el proceso de vistas públicas para presentar el nuevo Mapa de Distritos de Calificación, que se lleva a cabo ahora en julio con nueve días de presentaciones y 30 días para recibir comentarios.
“Es sumamente preocupante y es uno de los atropellos más grandes que se ha hecho en Puerto Rico en el área de planificación y protección ambiental en los últimos años y afecta a urbanizaciones, a barrios, afecta a áreas naturales, a reservas naturales”, dijo Saadé Llorens a Metro.
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El gobernador Ricardo Rosselló presentó a principios de mayo el nuevo “Reglamento conjunto para la evaluación y expedición de permisos”, en que se redujo a 22 la cantidad de distritos de calificación, consolidando algunos que eran afines o similares, con el fin de agilizar el otorgamiento de permisos, se indicó entonces.
“El reglamento ya definió cuáles son las calificaciones que van a estar rigiendo a Puerto Rico. Eso es final y firme”, reaccionó en entrevista telefónica la presidenta de la Junta de Planificación (JP), María Gordillo Pérez.
“Nosotros adoptamos la enmienda al mapa de calificación, posterior a lo que es el reglamento per se. Así que solamente estamos usando la misma nomenclatura que se utiliza en el reglamento para diferenciar los nuevos mapas de los mapas que habían anteriores”, explicó.
El 28 de junio, la JP divulgó el aviso de vistas públicas, con 18 sesiones en 10 municipios, en un periodo de 9 días: del 15 al 24 de julio. En algunos casos, se atienden 10 municipios en una sola presentación. Gordillo Pérez dijo diferir de quienes plantean que es un proceso atropellado, puesto que “no se están atendiendo asuntos nuevos” y el objetivo es “presentar el geodato” y procurar con los municipios que todo esté en orden.
“En apariencia, la JP lo que está haciendo es sencillamente adoptar unas equivalencias de distritos con la idea de que sean uniformes. Sin embargo, en realidad lo que están haciendo es introduciendo indirectamente autorizaciones para usos distintos en los distintos lugares”, argumentó Saadé Llorens.
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Un ejemplo de estos cambios es la consolidación de los distritos dotacionales general y parque (DT-G y DT-P). El primero aplica a terrenos públicos o privados “con usos dotacionales institucionales, recreativos, cívicos, docentes, filantrópicos, culturales, científicos, educativos, religiosos o similares”.
El segundo procuraba preservar el carácter abierto de espacios grandes para dedicarlos a recreación pública.
Ahora ambos están en la misma calificación “en que pudieran hasta incluirse hoteles u otro tipo de edificación”, explicó Saadé Llorens.
El abogado ambiental sugirió que se extienda el plazo de las vistas y el recogido de comentarios “para entender mejor y cubrir pueblo por pueblo y área por área”. “La Junta, si tiene buena fe, debe posponer estas vistas y programarlas en por lo menos 90 días”, dijo.
“Si yo, y esta es mi opinión, si yo quiero realmente participar en la vista pública, pues participo. Nosotros no tenemos ningún afán, ninguna agenda, sino meramente el cumplir con la ley”, ripostó Gordillo Pérez.
