Prevé nuevo titular de Ética para finales de año

Asimismo, el gobernador reiteró su postura ante la demanda de la Junta de Control Fiscal, que impugna la Ley 29, que exime a los municipios del contribuir al PayGo y ASES

Por Sadot Santana

En momentos en que se dilucidan varias investigaciones éticas sobre funcionarios de la actual administración, el gobernador Ricardo Rosselló estimó que esperan tener un sustituto en la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) antes de que culmine el año. Esto, ante el vencimiento del término de 10 años de Zulma Rosario como directora de la agencia.

El primer ejecutivo indicó que le solicitó a Rosario que permaneciera en el puesto mientras escogía a la persona que ocupará su cargo.

“Sin ser muy específico, dentro de los próximos 2 a 3 meses deberíamos haber identificado a la persona y comenzaría el proceso de confirmación antes de que culmine el año natural”, anticipó Rosselló durante una conferencia de prensa en Arecibo. Detalló, además, que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, comenzó el proceso facultado por ley junto a exjueces del Tribunal Supremo, para evaluar candidatos a la silla del ente fiscalizador. “Ese proceso ya ella [Vázquez Garced] lo encaminó, pero no ha terminado”, añadió.

Sigue la reyerta con la Junta

Tras la demanda presentada el miércoles por la Junta de Control Fiscal (JCF) contra el Gobierno de Puerto Rico, el gobernador tronó contra el ente fiscal y aseguró que estos buscan “usurpar todo tipo de poder sin ninguna justificación”.

Entre otras cosas, la JCF impugnó la Ley 29, que exime a los municipios del pago al sistema de retiro PayGo y a la Administración de Seguros de Salud (ASES). Sin embargo, Rosselló comentó que certificaron los fondos necesarios para poner la ley en vigor.

“Cuando pasó esta medida, nosotros fuimos sobre el proceso de certificar que los fondos estuvieran ahí y que se pudiera pagar… Ahora, la Junta,  porque no le da la gana, quieren demandar para que no tengan que pasar ese proceso de certificación”, precisó. A pesar de esta impugnación, Rosselló expuso que la Ley 29 se sostiene y que, incluso, ya el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales la está tomando en consideración.

De acuerdo con el gobernador, los servicios que ofrecen los municipios se verán afectados si se dejara sin efecto esta ley. Asimismo, calificó como un “gran pataleo” la demanda que presentó el ente fiscal.

Rechazó que estuviesen violentando la Ley Promesa, como argumentó la Junta en su demanda, y reiteró que las iniciativas de política pública les corresponden únicamente a su gobierno.

“La Ley Promesa es clara, cada vez que hay una iniciativa de política pública recae al Gobierno de Puerto Rico determinar; que ellos pueden hacer recomendaciones, por supuesto, que pueden y que nosotros las podamos acoger también, podamos hacer esa determinación”, comentó el gobernador.

“Nos veremos en los tribunales”, sentenció.

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