Tras la demanda presentada el miércoles por la Junta de Control Fiscal (JCF) contra el gobierno de Puerto Rico, el gobernador Ricardo Rosselló tronó contra el ente fiscal y aseguró que estos buscan “usurpar todo tipo de poder sin ninguna justificación”. El mandatario, asimismo, catalogó la demanda como un “gran pataleo”.
Y es que, entre otras cosas, la JCF impugnó la Ley 29 que exime a los municipios del pago al sistema de retiro ‘PayGo’ y a la Administración de Seguros de Salud (ASES). Sin embargo, Rosselló comentó que certificaron los fondos necesarios para poner la ley en vigor.
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“Cuando pasó esta medida nosotros fuimos sobre el proceso de certificar que los fondos estuvieran ahí y que se pudiera pagar…ahora la Junta, porque no le da la gana, quieren demandar para que no tengan que pasar ese proceso de certificación”, precisó. A pesar de esta impugnación, Rosselló expuso que la Ley 29 se sostiene y que, incluso, ya el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales la está tomando en consideración.
De acuerdo con el gobernador, los servicios que ofrecen los municipios se verán afectados de dejarse sin efecto esta ley. Asimismo, calificó como un “gran pataleo” la demanda que presentó el ente fiscal.
Rechazó que estuviesen violentando la Ley Promesa, como argumentó la Junta en su demanda, y reiteró que las iniciativas de política pública le corresponden únicamente a su gobierno.
“La ley Promesa es clara, cada vez que hay una iniciativa de política pública recae al gobierno de Puerto Rico determinar; que ellos pueden hacer recomendaciones, por supuesto que pueden y que nosotros las podamos acoger también podamos hacer esa determinación”, comentó el gobernador.
“Nos veremos en los tribunales”, sentenció.
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De hecho, el alcalde de Arecibo, Carlos Molina, dijo estar dispuesto a respaldar al gobierno de Puerto rico en los tribunales en el pleito contra la JCF. “Nosotros los municipios estaremos acompañando al gobernador en esta demanda. La Junta no puede administrar al país, somos nosotros”, sostuvo
Por su parte, para la JCF, la Ley 29 afectará la capacidad económica del gobierno central en el futuro. “La ley 29 va a minar la habilidad del Gobierno de pagar las pensiones a todos los retirados cuando el Gobierno de Puerto Rico enfrente déficits futuros”, dijo el presidente de la Junta de Supervisión, José Carrión.
Asimismo, este criticó que el gobierno de la isla ha violentado la Ley Promesa y no actuado en conjunto con el ente fiscal. “El gobernador se ha rehusado a someter certificaciones y estimados de costo de sobre 100 nuevas leyes y resoluciones conjuntas, a someter informes de ingresos y gastos para un sinnúmero de entidades gubernamentales, y en múltiples ocasiones ha firmado resoluciones conjuntas para el gasto de millones de dólares de fondos no presupuestados sin la aprobación de la Junta de Supervisión. Como resultado, la Junta no ha tenido otra opción que acudir al Tribunal para invalidar la Ley 29 y obligar a que el gobernador cumpla con PROMESA”, añadió.
