Antes de que el reloj marcara las 12:00 de la media noche del domingo, y a su vez, el final de la sesión legislativa, la Legislatura avaló algunas medidas adicionales al presupuesto, como la asignación de $144,000 a la Superintendencia del Senado, la Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, una regulación parcial a los administradores de servicios de farmacia (PBM, en inglés), la nueva Ley de Armas y el Código de Incentivos, horas después convertido en ley.
Mientras tanto, quedaron pendientes medidas de trascendencia, como el Código Civil y la reforma electoral.
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“Lo peor que puede hacer un partido de mayoría, si no hay consenso, es cambiar las reglas de juego apenas a un año de las elecciones. Eso se ve mal, eso suena mal, eso está mal”, dijo a Metro el portavoz de la minoría popular en el Senado, Eduardo Bhatia Gautier, refiriéndose a lo que sería la nueva ley electoral.
Apuestas deportivas
Esta medida amplía las apuestas deportivas e incluye ligas de juegos electrónicos. Aunque cita que el impacto económico podría ser de entre $44 y $62 millones anuales, Bhatia Gautier aseguró que “los estimados son fuera de lo lógico y no hay forma de probar cuánto eso va a dejar”.
Finalmente, quedó intacta la distribución de los ingresos que beneficiará en un 50 % a las pensiones, 15 % a la Policía, 5 % a la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA), 10 % al Departamento de Educación, y se precisó que un 10% iría al Fondo de Mejoras Municipales. En cuanto al Departamento de Recreación y Deportes y Donativos Legislativos, quienes luchaban por sus partidas, se dejó el monto en 5 % para cada uno.
La Asamblea Legislativa también cambió la figura del comisionado por la de un director ejecutivo.
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Otras medidas:
En cuanto a la asignación de $144,000 a la Superintendencia del Capitolio, justificaron que sería “para cubrir costos, para automatizar y canalizar servicios”.
Sobre los PBM, excluyeron de la regulación a aquellos bajo la Administración de Seguros de Salud (ASES); Abarca Health y MC21, que representan un 85 % de los suplidores.
Por otra parte, si el gobernador firma lo que sería la nueva Ley de Armas, el proceso de licenciamiento sería más económico y los requisitos menos estrictos, eliminando, por ejemplo, la investigación de campo que actualmente tiene que hacer la Policía.
