El Departamento de Educación desconoce qué legisladores fueron los encargados de distribuir las solicitudes de un programa de empleo para estudiantes del Departamento de Educación (DE) que se ejecutó con fondos federales.
El Departamento de Educación confirmó que, en efecto, se llevó a cabo el proceso a través de legisladores como intermediarios. Según alegaron, la oficina encargada ha tenido tres directores en los pasados seis meses.
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“En cuanto a la lista de las oficinas de los legisladores, en los últimos 6 meses, la Secretaría Auxiliar de Educación Vocacional y Técnica ha tenido tres secretarios auxiliares, por lo que no la tenemos”, expuso el portavoz de prensa del DE, Aniel Biggio, ante la petición de información de este medio.
De igual forma, descartó contactar a Héctor Sánchez Álvarez, quien fue el secretario auxiliar que tomó la decisión de delegar en los legisladores la repartición de solicitudes, simplemente porque “ya no ocupa el cargo de esa división. No está disponible para entrevista”.
Metro reveló ayer que se trata de un programa de fondos federales para ofrecer la primera oportunidad de empleo a estudiantes en escuelas vocacionales, así como a los adscritos al programa de Educación Especial. Este programa se concretó gracias a una transferencia de $5 millones a través de un acuerdo con la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV).
Erik Rolón, subsecretario de la Gobernación, reaccionó diciendo que “no es una práctica avalada” y que el proceso lo que reconoce es que los estudiantes interesados deben acudir a las escuelas o a las Oficinas Regionales Educativas (ORE) a buscar su solicitud. “Una cosa es que un legislador intervenga, en lo cual eso no es una práctica reconocida, el hecho de que se dé o no la ayuda de trabajo va a los méritos de la persona, y para eso se valida que el solicitante cumpla con todos los requisitos”, aseguró el funcionario. Metro supo que maestros de Educación Especial recibieron de manos de legisladores las solicitudes para que los jóvenes de vocacional las llenaran y se las devolvieran a la Legislatura. Al increparlo sobre este particular y si no teme que esto politice el proceso, Rolón insistió en que si el legislador fue intermediario “y por eso se validó, es totalmente incorrecto”. No dijo si tomarán cartas en el asunto.
Por su parte, Aida Díaz, presidenta de la Asociación de Maestros catalogó la práctica como “corrupción”.
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“Esa politiquería es precisamente lo que hemos querido sacar del DE. Rechazo y condeno una acción de tal naturaleza”, declaró al tiempo en que urgió a crear una junta con profesionales de todos los partidos, que fiscalice y complete auditorías externas de todos los procesos en la agencia.
Sadot Santana Miranda e Istra Pacheco contribuyeron con esta historia.
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