Verán donativos de Ley 22 en Código de Incentivos

El Senado aprobó enmiendas intencionales al Código con el propósito de llegar a un comité de conferencia y ganar cinco días más para su evaluación

Por Miladys Soto

Los incentivos a la industria de cine, a beneficiarios de las leyes 20 y 22, así como la eliminación de las Servidumbres de Conservación son algunos de los temas en los que los legisladores esperan llegar a un consenso durante el comité de conferencia que evalúa el Proyecto de la Cámara 1635, conocido como el Código de Incentivos.

El senador Carmelo Ríos, portavoz de la mayoría, indicó que  una enmienda que ha llamado su atención es la de la industria del cine. Según contó, de 50  % de incentivo la versión actual del Código propone reducirlo a un 40 %. “Nosotros en el Senado no estamos de acuerdo, estamos de acuerdo con la versión anterior”, expuso.

Ríos comentó que múltiples producciones se realizarán este año en la isla, a la vez que aseguró que los incentivos sí han motivado a locales como extranjeros a invertir localmente. “NBC Universal anunció que va a filmar una producción aquí por seis meses con una inversión de $43 millones. [De esos,] $2.3 millones nada más va a irse en el set, que va a construirse por manos puertorriqueñas”, declaró.

El legislador expuso que también se evaluará la eliminación de las Servidumbres de Conservación, que según denunció el senador José Nadal Power deben permanecer porque protegen áreas de alto valor ecológico.

Esperan enmendar donativos de beneficiarios de Ley  22

Los cambios al sistema de donativos que los beneficiarios de le Ley 22 están obligados a hacer, también se verán en el comité de conferencia. “Todo individuo residente inversionista comenzando el segundo año contributivo de haber recibido su decreto, junto con los informes anuales deberá incluir evidencia de haber realizado una aportación anual de, por lo menos, $10,000 a entidades sin fines de lucro que operen en Puerto Rico y estén certificadas bajo la Sección 1101.01 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico, que no sea controlada por la misma persona que posee el decreto ni por sus descendientes o ascendientes”, expone el Código. Actualmente, el donativo requerido es de $5,000. Además, el Código busca que, en lugar de seleccionar la organización que deseen, siempre que cumpla con lo antes especificado, tendrían que entregar el dinero al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) para que la agencia haga la distribución de los fondos.

“Con las enmiendas se lo tienen que dar al DDEC, y el DDEC decide. Ellos están diciendo, y muchos de ellos me ha traído documentación, que, básicamente, es una contribución porque se lo están dando al Gobierno”, dijo Ríos sobre beneficiarios de le Ley 22 que han levantado bandera sobre el asunto. El legislador agregó que las empresas quieren donar el dinero a las organizaciones que ellos escojan. Asimismo, mencionó, por ejemplo, que proyectos de esterilización de mascotas en la isla se han realizado con donativos de la Ley 22. “Yo estoy a favor de que no sea el DDEC”, puntualizó el senador.

Sobre esa enmienda, el portavoz alterno de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau, opinó: “Estamos en contra de eso. Lo ideal cuando se creó esa disposición era que fluyera el dinero a instituciones sin fines de lucro que los mismos proponentes estuviesen dispuestos a hacer. Imagina crear ese pote dirigido por una sola figura. Eso politiza la manera de repartir los donativos. No tengo la menor duda de que abre las puertas al discrimen”.

La senadora y presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Migdalia Padilla, comentó que hay maneras de hacer llegar el dinero directamente a las entidades sin hacerlo a través del DDEC.  “Yo lo miraría como vino en el código de incentivos original”, manifestó.

Mientras, el representante Antonio “Tony” Soto defendió la medida y aseguró que la intención legislativa fue redirigir los fondos a atajar la pobreza infantil: “Utilizamos un mecanismo que asegure que podamos contar con herramientas que combatan esta situación que tanto afecta a nuestra isla. Por otro lado, no puedo concebir que nadie, en su sano juicio, se oponga a que propongamos legislación dirigida a atacar este problema, salvo que existan otros intereses o, simplemente, no han leído la medida”, expuso Soto en una comunicación escrita.

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